Urbanismo permitirá un residencial en la antigua gasolinera de El Valle

El Ayuntamiento está, cada vez más cerca, de quitarse de encima una pesada losa que sobrevuela sobre su cabeza desde hace diecinueve año. En concreto, doce millones de euros que es la cantidad a la que asciende la indemnización que debe de pagar a los propietarios de la gasolinera. Pero para que la jugada salga redonda hace falta que el Ayuntamiento obtenga esos aprovechamientos y los dueños estén conformes.
La Gerencia de Urbanismo, primero, y el pleno del 25 de noviembre, después, aprobaron las alegaciones presentadas por los vecinos de los edificios contiguos para que la parcela tenga uso dotacional con un máximo de dos alturas y un 50% de ocupación o la calificación de residencial para que se puedan construir bloques de pisos de cuatro alturas como mucho. Por el contrario, rechazaron la propuesta presentadas por los propietarios de la estación de servicio para incrementar la edificación hasta las siete plantas. La razón esgrimida es que la iniciativa de los residentes se ajusta más al desarrollo urbanístico previsto para esta zona, además, de recuperar espacios públicos.
El Gobierno local confía en que la operación urbanística sirva para desbloquear un proceso que dura ya casi dos décadas. Fue, a finales de 1994, cuando se decretó la clausura provisional de las instalaciones por una fuga de ocho mil litros de combustible, tras la corrosión de uno de los tanques, que llegaron a la red de saneamiento. Tiempo después, los propietarios acudieron a los tribunales para pedir la reapertura, ya que no estaban de acuerdo con la compensación que, en su día, les ofreció la Administración local.
Desde que comenzó el litigio, todas las instancias cayeron del lado de los dueños, mientras los recursos presentados por el Ayuntamiento eran sistemáticamente desestimados por la Justicia hasta que el Tribunal Supremo decidió cerrar el caso concediendo a los dueños el derecho a la licencia municipal de explotación de la gasolinera. El nuevo equipo de Gobierno, que nunca ha estado por la labor de reabrir la estación de servicio, rodeada de edificios y en pleno casco urbano, por lo que intentó llegar a un acuerdo con los propietarios mediante la cesión de terrenos en otro lugar de la ciudad.
La antigua gasolinera de la Avenida de Santa María del Valle ha sido, desde el mismo día que fue clausurada (27 de enero de 1994), un quebradero de cabeza para los distintos gobiernos de la capital. Los propietarios no han dejado de reclamar lo que consideran que es justo, además de gastar dinero en las instalaciones para evitar que lo poco que queda en pie sea objeto de vandalismo o se convirtiera en un basurero.

Bares de copas y restaurantes en La Victoria y la plaza de toros
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) autoriza usos alternativos para la plaza de toros y el nuevo campo de fútbol. Esto significa que, además de festejos taurinos y encuentros deportivos, podrán albergar bares de copas, restaurantes, gimnasios o galerías comerciales.  
Recintos multiusos dirigidos al ocio. En eso se convertirán, en un futuro, La Vestida y La Victoria, si sale adelante el nuevo PGOU de la ciudad. El documento recoge las alegaciones presentadas para dar usos alternativos a ambas instalaciones. El coso taurino seguirá, de este modo, el modelo empleado en otras plazas de toros de España y de Andalucía, como la Cubierta de Leganés o la de Granada, cuyos bajos están, desde hace años, ocupados por restaurantes, bares y pubs. El Plan General también considera la posibilidad de que las cuadras del recinto puedan ser utilizadas como uso social para la construcción de una residencia de ancianos.
No es la primera vez que el recinto taurino acoge actividades que nada tienen que ver con la celebración de corridas de toros. Hace unos años, el ruedo albergó una terraza de verano de bastante éxito. Además, en sus instalaciones se han ofrecido multitud de conciertos y actos políticos y ha sido escenario de grandes celebraciones de la selección española, como la consecución de la última Eurocopa en 2008.        
En el caso del nuevo Estadio de La Victoria, la revisión del PGOU está ligada a la crítica situación económica que atraviesa el Real Jaén. El objetivo es que los terrenos del campo de fútbol, declarados como suelo no urbanizable, sean reclasificados para que se puedan implantar en los bajos de las instalaciones gimnasios y galerías comerciales. Con la explotación de la zona, el Real Jaén encontraría una extraordinaria fórmula para obtener recursos externos y, de este modo, sanear sus delicadas arcas. No obstante, tanto esta como el resto de alegaciones, están a expensas de una nueva aprobación inicial del documento, así como de la exposición pública, por espacio de un mes, y de la aprobación provisional y definitiva por parte de la Junta y del pleno, por lo que la solución para la entidad deportiva puede estar todavía muy lejos.              

El PP vuelve a instar a la Junta a que legalice Los Puentes
El Partido Popular confía en que la Junta de Andalucía no eche para atrás la legalización de las zonas residenciales en situación irregular de la capital, ya que, de lo contrario, supondrá la “defunción política” de la alcaldesa, Carmen Peñalver. El cabeza de lista del PP, José Enrique Fernández de Moya, instó ayer de nuevo al Partido Socialista a que vote a favor de la proposición no de ley que ha presentado en el Parlamento andaluz para la regularización de cinco mil viviendas. Este sentido, dijo que, curiosamente, la propuesta de su partido es la misma que se aprobó el pasado 25 de noviembre en el pleno, por lo que de rechazarla el PSOE “Carmen Peñalver debería presentar su dimisión al minuto siguiente por haber cometido un engaño masivo a los vecinos de Los Puentes”, señaló a la conclusión del tradicional desayuno con los medios de comunicación. Fernández de Moya dejó claro que el apoyo dado por el PP a la medida es un “ejercicio de responsabilidad” que ahora debe ser refrendado por el Gobierno andaluz.
La alcaldesa, por su parte, puntualiza que lo aprobado por el pleno atiende a “criterios técnicos y a un escrupuloso respeto a la ley”, al tiempo que recuerda que serán las distintas consejerías de la Junta las que dictaminen qué zonas pueden ser legalizadas y cuáles están en zonas protegidas. Además, reitera que los gastos de urbanización correrán a cargo de los vecinos de las viviendas afectadas, como ocurrió en Valdeastillas o parte de Puente Tablas.