Urbanismo acaba la medición de ruidos de San Ildefonso
Un año después de que el Negociado de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento decretara suspender temporalmente la concesión de licencias municipales para la instalación de terrazas y veladores en San Ildefonso, la instrucción del expediente para declarar este castizo barrio de la capital como Zona Acústicamente Saturada (ZAS) está a punto de concluir. Este fin de semana, concretamente, finalizará una medición de ruidos que comenzó a principios de noviembre y que —para desesperación de los hosteleros— se ha alargado demasiado en el tiempo por motivos relacionados con la tecnología empleada para ello. Una vez concluida la fase técnica, la pretensión municipal —que confesó a este periódico el concejal de Urbanismo, Francisco Javier Márquez— es que el expediente quede resuelto “antes de agosto”.
La Gerencia de Urbanismo optó por esta medida a partir de las denuncias que habían formulado los vecinos de la zona, que, a través de la asociación Portal del Ángel, llegaron a registrar hasta un pliego de firmas quejándose de la contaminación acústica que originaban las nuevas terrazas que se habían instalado, fundamentalmente, en la Plaza de San Ildefonso y que —como explicaban— no solo ocasionaban “molestias ruidosas a los residentes”, también habían ocupado en exceso el espacio público.
Para los hosteleros de la zona, el decreto fue recibido como un jarro de agua fría; la “gota que colmaba el vaso” —denunció el entonces presidente de Asostel, Gabriel Archilla— de un malestar que llevaban interiorizando desde hacía semanas y que estaba relacionado con las trabas que —en su opinión— les ponía el área de Urbanismo a la hora de conseguir las preceptivas licencias para abrir o ampliar terrazas. Entraban en conflicto los intereses privados con el público, del ciudadano, al descanso. Y, lejos de querer cerrar las terrazas —una de las principales fuentes de ingresos de una Gerencia de Urbanismo de capa caída desde el “pinchazo” de la burbuja inmobiliaria—, Márquez recalcó que el propósito era simplemente regular la situación. Sin embargo, en el tiempo de instrucción del expediente, y como en su día denunció Archilla, algunos hosteleros se han sentido “acosados” por la presencia policial.