UPA exige el avance del proceso de caducidad de la presa de Marmolejo
La Unión de Pequeños Agricultores advierte que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir puede incurrir en un delito de prevaricación, si no continúa con el expediente de caducidad de la presa de Marmolejo. Esta acción se considera clave para acabar con las inundaciones ocasionadas por el río Guadalquivir. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tiene de plazo hasta final de año. Ese es el tiempo que le concede la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) para continuar con el expediente de caducidad de la presa de Marmolejo, un trámite que casi llegó a concluir la Junta de Andalucía, cuando todavía tenía las competencias de la cuenca.
El 14 de octubre de 2011, según explicó, ayer, el secretario general de UPA en Andalucía y Jaén, Agustín Rodríguez, el proceso ya estaba en marcha, una gestión que agradeció “en justicia” al Gobierno andaluz. Sin embargo, días después, un fallo del Tribunal Constitucional retiró las competencias del Guadalquivir a la comunidad autónoma y, desde entonces, como juzgó Rodríguez, no se tiene constancia de avances en este proceso. De no continuar el trámite administrativo sin que haya justificación para ello, advirtió, se podría incurrir en un delito de prevaricación. El interés de UPA en la presa estriba en que, tal y como señalan informes técnicos, avalados por las administraciones, aclararon, la existencia de este “obstáculo” en el cauce incrementa el riesgo de inundaciones por la crecida del Guadalquivir a su paso por Andújar y otros puntos de la comarca iliturgitana.
José Rodríguez Cámara /Jaén
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