'Up'. El sueño de los desahuciados

Así, imagino, que soñaran muchos desesperados ciudadanos, que no pueden pagar sus hipotecas, aquellas noches que logren conciliar el sueño. Y es que esta crisis azota al más débil, que sin los ingresos esperados, no puede afrontar los compromisos de pago contraídos con entidades financieras y acreedores, perdiendo su hogar, un trocito de su patria y mucha salud. Y es que estos dolorosos procedimientos afectan a la salud de las personas, que sufren, impotentes cuando los bancos exigen condiciones económicas imposibles de cumplir, por carecer de ingresos o por estar sin trabajo, o con ingresos insuficientes para poder sobrevivir. La situación es tan grave, que no solo pierden su casa, sino que siguen siendo deudores por el importe de la deuda pendiente de cancelar, tras la adjudicación de la vivienda a la entidad financiera. Cuando hace unos años, se decía que el sistema financiero español era el más saneado de Europa, se fundamentaba en que para conceder una operación de crédito era necesaria una tasación con valoración suficiente y un informe económico que delatara una sobrada capacidad de pago del deudor. No muchos años después, hemos descubierto como el Estado se endeuda con Europa para rescatar nuestro sistema financiero, que la capacidad de pago ha disminuido en la misma medida en que ha aumentado el desempleo y que aquellas tasaciones no supieron adelantarse a una crisis de valoraciones o de valores. La banca ha respondido que aplicará un código de buenas prácticas, de momento tarde y con demasiados renglones torcidos. Es precisa una reforma legal que muestre un mínimo de sensibilidad hacia las personas y al derecho a una vivienda digna. Al menos, debería ampliarse los casos en los que con la dación en pago se cancele la deuda, sirviendo aquellas valoraciones como garantías, más aún en aquellos los que se ha amortizado un porcentaje del préstamo significativo. De momento lo que se ha aprobado es una Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que evita el pago de cantidades en efectivo superiores a 2.500 euros. La intención es luchar contra la economía sumergida, pero complementariamente beneficiará a entidades de crédito que mejorarán sus índices de liquidez. A diferencia de crisis anteriores, en el que la economía sumergida sirvió de sostén a parte de la población, el fuerte descenso del consumo de lata la verdadera dimensión de esta crisis.

Rafael Peralta es economista