Unos hechos, dos redadas
Por separado y pisándose el terreno, la Policía Nacional y la Guardia Civil investigan las supuestas irregularidades detectadas en la concesión de ayudas públicas a los cursos de formación. Una situación que, cuanto menos, genera cierta controversia y muchas dudas procesales en los profesionales del Derecho. La operación “Edu” y la operación “Barrado” tienen en el punto de mira los mismos hechos, es decir, si la Junta de Andalucía repartió millones y millones de dinero público a empresas sin que los beneficiarios de esas ayudas reunieran los requisitos necesarios para obtenerlas.
El Instituto Armado trabaja a las órdenes de la juez Mercedes Alaya. La Policía, por su parte, asumió una investigación paralela impulsada por la Fiscalía del TSJA y que no está centralizada en un único juzgado, sino que está asumida por un órgano judicial diferente en cada provincia. Sin embargo, ambos cuerpos investigan las mismas supuestas irregularidades, con los mismos implicados. De hecho, solo por citar el ejemplo de Jaén, Alaya ordenó la detención de Irene Sabalete el pasado mes de marzo, en el marco de la operación “Barrado” y, para mañana, tiene previsto tomar declaración en calidad de imputado al jefe de Servicio de la Delegación de Empleo, José Luis Valentín. Ambos altos cargos de la Junta fueron detenidos ayer por la Policía Nacional en la operación “EDUende”.
Alaya pone el foco
en el sistema político
Lo que investiga Mercedes Alaya, en un asunto que está bajo secreto de sumario, es muy amplio. La magistrada sevillana considera que, entre 2008 y 20011, la Junta concedió millones y millones de euros en ayudas públicas procedentes de la Unión Europea que permanecían “sin justificar” gracias al procedimiento de las exoneraciones consentidas por la Consejería de Empleo. Es decir, en la práctica, el sistema permitía conceder ayudas a empresas para cursos de formación a beneficiarios que, en ocasiones, no reunían los requisitos que marca la normativa. Así, en el auto de imputación contra Irene Sabalete, describió que había unos 8 millones de euros en ayudas públicas “sin justificar” que concedió a empresas mientras ocupó el cargo de delegada de Empleo. En ese mismo auto, Alaya puso de manifiesto que, desde la Consejería, se impartieron “órdenes” a las distintas delegaciones “para que no se controlara el dinero” destinado a la formación, “creando una red de clientelismo político”.
La investigación piramidal de la Policía
En abril de 2014, la Fiscalía Superior de Andalucía repartió entre diferentes juzgados andaluces las diligencias abiertas por el uso de las ayudas del Servicio Andaluz de Empleo, en las que se habían detectado “irregularidades”. El caso se judicializó en cada provincia y la Policía comenzó su trabajo. Una investigación que es piramidal, es decir, desde la base —los alumnos y profesores de los cursos— hasta la cumbre —los responsables políticos—. Los primeros en ser interrogados fueron los desempleados que participaban en esas acciones formativas —unos 400 en Jaén—. Después, fue el turno de personal docente —se les tomó declaración a 50 personas en la provincia—. En marzo, llegó el turno de los empresarios. Fueron detenidos 140, de los que 38 trabajaban en la provincia. Y, ahora, ha llegado el turno de los altos cargos de la Junta. Es, por ahora, el punto de confluencia entre “Edu” y “Barrado”, entre Policía Nacional y Guardia Civil, entre Alaya y dieciocho magistrados en cada una de las provincias.
Muchas irregularidades
“graves, y persistentes”
La Fiscalía del TSJA hablaba de irregularidades “numerosas, graves y persistentes” en la formación. El Ministerio Público sospechaba que muchos de los cursos no se impartieron, que se sobrefacturaron, que se declararon más alumnos de los realmente formados, que usaron personal docente sin cualificar o que no se cumplieron con los requisitos de contratación a los que estaban vinculados las ayudas.
El Instituto Armado trabaja a las órdenes de la juez Mercedes Alaya. La Policía, por su parte, asumió una investigación paralela impulsada por la Fiscalía del TSJA y que no está centralizada en un único juzgado, sino que está asumida por un órgano judicial diferente en cada provincia. Sin embargo, ambos cuerpos investigan las mismas supuestas irregularidades, con los mismos implicados. De hecho, solo por citar el ejemplo de Jaén, Alaya ordenó la detención de Irene Sabalete el pasado mes de marzo, en el marco de la operación “Barrado” y, para mañana, tiene previsto tomar declaración en calidad de imputado al jefe de Servicio de la Delegación de Empleo, José Luis Valentín. Ambos altos cargos de la Junta fueron detenidos ayer por la Policía Nacional en la operación “EDUende”.
Alaya pone el foco
en el sistema político
Lo que investiga Mercedes Alaya, en un asunto que está bajo secreto de sumario, es muy amplio. La magistrada sevillana considera que, entre 2008 y 20011, la Junta concedió millones y millones de euros en ayudas públicas procedentes de la Unión Europea que permanecían “sin justificar” gracias al procedimiento de las exoneraciones consentidas por la Consejería de Empleo. Es decir, en la práctica, el sistema permitía conceder ayudas a empresas para cursos de formación a beneficiarios que, en ocasiones, no reunían los requisitos que marca la normativa. Así, en el auto de imputación contra Irene Sabalete, describió que había unos 8 millones de euros en ayudas públicas “sin justificar” que concedió a empresas mientras ocupó el cargo de delegada de Empleo. En ese mismo auto, Alaya puso de manifiesto que, desde la Consejería, se impartieron “órdenes” a las distintas delegaciones “para que no se controlara el dinero” destinado a la formación, “creando una red de clientelismo político”.
La investigación piramidal de la Policía
En abril de 2014, la Fiscalía Superior de Andalucía repartió entre diferentes juzgados andaluces las diligencias abiertas por el uso de las ayudas del Servicio Andaluz de Empleo, en las que se habían detectado “irregularidades”. El caso se judicializó en cada provincia y la Policía comenzó su trabajo. Una investigación que es piramidal, es decir, desde la base —los alumnos y profesores de los cursos— hasta la cumbre —los responsables políticos—. Los primeros en ser interrogados fueron los desempleados que participaban en esas acciones formativas —unos 400 en Jaén—. Después, fue el turno de personal docente —se les tomó declaración a 50 personas en la provincia—. En marzo, llegó el turno de los empresarios. Fueron detenidos 140, de los que 38 trabajaban en la provincia. Y, ahora, ha llegado el turno de los altos cargos de la Junta. Es, por ahora, el punto de confluencia entre “Edu” y “Barrado”, entre Policía Nacional y Guardia Civil, entre Alaya y dieciocho magistrados en cada una de las provincias.
“graves, y persistentes”
La Fiscalía del TSJA hablaba de irregularidades “numerosas, graves y persistentes” en la formación. El Ministerio Público sospechaba que muchos de los cursos no se impartieron, que se sobrefacturaron, que se declararon más alumnos de los realmente formados, que usaron personal docente sin cualificar o que no se cumplieron con los requisitos de contratación a los que estaban vinculados las ayudas.
