Una sociedad conmocionada

El asesinato premeditado de la presidenta de la Diputación de León ha conmocionado a la opinión pública y tres días después del fatal suceso todavía escuece en lo más profundo de una sociedad que repudia sin paliativos la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Inadmisible es más aún el efecto que tuvo el crimen en las redes sociales en forma de justificación, hasta el punto de que ha obligado a dos concejalas a dimitir por sus más que desafortunados comentarios. Se abre, de manera paralela al repudiable crimen en sí, el debate sobre la impunidad en las redes sociales, un asunto sobre el que no parece haber unanimidad de criterio, a la hora de atajarlo, desde los diferentes partidos políticos. Al margen de esto, es digno de elogio el trabajo policial que ha resuelto prácticamente el caso en un tiempo récord, con la detención de la presunta asesina y de su hija. Aunque quedan cabos sueltos, la confesión de Montserrat González Fernández, de 58 años, pone de manifiesto que se trata de una acción planificada desde hace varios años, durante los que sometieron a seguimientos a la víctima y que culminó su plan cuando por fin pudo hacerse con un arma de fuego en el mercado negro. Según su propia declaración ante los investigadores, guardaba una fuerte “inquina personal” con la asesinada desde hace años, motivada por el trato que dispensó a su hija al despedirla de la Diputación y por el litigio económico que mantenían con esta administración.
Con los presuntos culpables entre rejas y el dolor de una muerte que jamás debió producirse, queda la duda de qué puede haber fallado para que sucedan este tipo de hechos y si es posible articular mecanismos que eviten que pueda volver a suceder.