Una sentencia polémica desde el Tribunal de Estrasburgo

 Partiendo de la base y dejando claro ante todo que, como decisión judicial que es hay que acatarla por encima de cualquier otra consideración, el hecho de respetarla no implica que haya que compartirla necesariamente. Los jueces europeos entienden España vulneró el derecho a la libertad de expresión del portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, al condenarlo por un delito de injurias al Rey (lo llamó “responsable de los torturadores”). La sentencia critica que la figura del monarca esté “sobreprotegida” en la legislación española, por lo que la pena impuesta fue “desproporcionada y severa”. De esta forma, son nulas las condenas que en su día dictaron los tribunales Supremo y Constitucional, después de las citadas declaraciones tras una visita de Don Juan Carlos a Vizcaya en 2003. Destaca que, para Estrasburgo, el derecho a la libertad de expresión es “precioso” para todos, pero aún más para un “cargo elegido por el pueblo”. Desde este punto de vista, es fundamental que personajes de la talla moral de Otegi no puedan convertirse en representantes de la sociedad, un asunto de especial calado ahora que Sortu pretende concurrir a las próximas municipales. Precisamente, ayer alegó ante el Supremo que su legalización supondrá el fin de la violencia en el País Vasco, un argumento que se entiende desde el más claro chantaje.   Sostiene que su actividad política acelerará el proceso de desaparición de ETA, un argumento que no se sostiene, cuando aún no se han congratulado de las últimas detenciones de etarras. No puede haber atajos cuando se trata de aplicar la Ley.