Una regulación de Sanidad amenaza al sector ortopédico
Será una verdadera ruina”. Rafael López, delegado provincial de la Asociación de Empresas de Ortopedia Técnica de Andalucía (Asoan) y gerente de Ortopedia López, pronostica un escenario dramático para el sector —tanto en Jaén como en el resto de España— si sale adelante la nueva regulación que impone el Ministerio de Sanidad, todavía en proceso de alegaciones.
Según los datos de la Asoan, los profesionales de la ortopedia jiennense quedarían tocados y hundidos en poco más de un año y medio. “En 18 o 20 meses, la mitad de los establecimientos se vería obligada a cerrar”, destaca López en declaraciones a Diario JAÉN. Los centros ortopédicos en la provincia rondan la treintena. La mayoría son pequeñas y medianas empresas que cuentan con “2 o 3” trabajadores. El “golpe” sería terrible para un grupo que ya sufre un problema capital: la Junta de Andalucía le adeuda 180 días, tal y como confirma Rafael López. “El retraso en los pagos, unido a la publicación, si se concreta, de la orden ministerial propiciaría una situación insostenible: el 20 por ciento de los centros cerraría en los primeros 6 meses de 2016”, manifiesta el empresario.
La Federación Española de Ortesistas y Protesistas (Fedop) y la Asoan cargan contra Sanidad, porque consideran que los más perjudicados por la nueva regulación estatal serán los pacientes. “Pierden libertad de elección de prestaciones”, afirma el jiennense. “El Gobierno nos impondrá una cartera de servicios en la que son descartados el 40 por ciento de los productos que precisan los pacientes. Si, además, cada comunidad tiene potestad para delimitar aún más la cartera, las posibilidades de escoger de los usuarios es aún más limitada”, agrega.
La Asoan subraya que el nuevo catálogo de artículos perjudicará a las rentas menos acaudaladas, que solo conseguirán los productos si los sufragan de sus bolsillos. “Los especialistas de las ortopedias no dispensarán más del 40 por ciento de las referencias en el mercado a los pacientes que requieran financiación pública”, desgrana la Fedop en una nota remitida a este periódico.
¿Por qué emprende el Ejecutivo una regulación de este calado si las consecuencias, según las asociaciones del sector, son tan lesivas para los centros ortopédicos y para los usuarios? “La orden favorecerá a los grandes capitales, a los grupos de inversión que ya entran en la sanidad pública”, asegura Javier Terreros, gerente de la Asoan. Entiende que las administraciones harán “acopio” de los productos a través de diferentes fórmulas. “Como la distribución asignada a una empresa”, ejemplifica Terreros.
El gerente de la Asoan no concibe que en un centro ortopédico esté prohibido facilitar —por cuestiones obvias— medicamentos y, sin embargo, la orden de Sanidad posibilite y fomente que los artículos del sector se dispensen en otro tipo de centros, como la clínica privada de un fisioterapeuta. “Incluso las farmacias podrán hacerlo”, añade.
Los fabricantes ortopédicos también recibirán un revés, según los colectivos de Andalucía y de España. “Dejarán de investigar para desarrollar nuevas soluciones sanitarias”, esgrimen desde la Fedop.
La atención personalizada es otro factor que se vería resentido si el Gobierno oficializa, el año que viene, la regulación. “Los precios finales que quiere imponer el Ministerio de Sanidad son más restrictivos en los productos con más adaptación, que requieren de más materiales y esfuerzo para diseñar una medida individualiza”, aseguran. El presupuesto en prestación ha descendido un 73 por ciento desde la asignación de 2008 (160) hasta la de 2013 (42).