Una protesta que quiere frenar un “trauma para toda la vida”
La investigación sobre la supuesta sustracción de tres menores de un centro de La Carolina no da más de sí por el momento. La Guardia Civil concluyó que, entre los sospechosos, estaban, además de otros miembros de la familia, los padres Manuel M. M. y Vanesa V. M. En libertad con cargos, los dos estaban en la protesta que ayer recorrió las calles de Jaén, desde la puerta de la Delegación de Igualdad Salud y Políticas Sociales, el lugar en el que protesta Manuel M. M. para que le devuelvan la custodia de sus hijos, actualmente en manos de la Junta por orden judicial.
Quieren evitarle, como aseguraba el padre con un megáfono, “un trauma para toda la vida”. Si no logra que regresen con él, lucha para que, al menos, sus hijos sean agrupados y llevados con otros miembros de su amplia familia. José Maldonado, de la Asociación Nacional del Menor Gitano, destacado activista de este colectivo, hizo de portavoz de los parientes de los menores y defendió que vayan con los suyos.
Maldonado explicó que los familiares habían presentado ya, por el momento, aunque sin éxito, dos solicitudes a la Administración andaluza para hacerse cargo de los pequeños, de 3, 5 y 7 años, que fueron los “raptados”. También reclaman la salida de un centro de menores del mayor, de 10, que está en un lugar distinto al de sus hermanos. Como medida de presión, se organizó ayer la segunda protesta a la que se sumaron una treintena de personas. En la cabecera, además del progenitor y el representante de la Asociación Nacional del Menor Gitano iban responsables de vendedores ambulantes de Jaén y Málaga, que respaldan la demanda. De hecho, se han sumado a la reivindicación con una campaña de recogida de firmas. La marcha, aunque no era muy numerosa, sí llamó la atención de las personas que pasaban por el Paseo de la Estación de Jaén, que fue parcialmente cortado para dejar paso a la comitiva. El grupo portaba pancartas en las que criticaban al Gobierno andaluz por argumentar que los niños están en situación de desamparo y también dejaron claro que, a su juicio, la decisión de los responsables públicos no beneficia a los cuatro hermanos.
El padre explicó que, a través del portavoz de la familia, hay previstas reuniones con el Defensor del Pueblo Andaluz y otras acciones como llevar el caso ante la Cámara andaluza e, incluso, pedir que se involucre la presidenta de la comunidad, Susana Díaz, actualmente, de baja maternal.