22 ene 2009 / 23:00 H.
El caso de la madre de Pozo Alcón ha alcanzado una trascendencia social de tal magnitud que durante toda la jornada de ayer era el asunto más comentado en la calle con diferencia, además de en los medios de comunicación, como no podía ser de otra manera. Y es que por más que el sentir popular diga que la resolución de la Audiencia es desproporcionada, la realidad pone de manifiesto que los magistrados no han hecho más que aplicar la ley de forma escrupulosa. El propio fiscal jefe explicaba que la sentencia que eleva la condena de 45 a 67 días por agarrar por el cuello y dar una bofetada a su hijo es de absoluta legalidad, en tanto que ese tipo de agresiones a menores están castigados en el artículo 153 del Código Penal y no hay justificación alguna, por lo que hay que aplicar la pena sin vuelta atrás. La Justicia determina claramente que corregir y educar no implica maltratar o golpear y en esa máxima y no en otra se han basado para rechazar el recurso de absolución que en su día presentó la inculpada en este caso. Es más que evidente que los tres jueces no podían actuar de otra manera, con la ley en la mano, pero proponen que se indulte a la condenada porque los perjuicios para el hijo serían considerables en caso de que se ejecutara la orden de alejamiento del menor durante un año. Ante todo se trata de velar por el interés de la víctima por encima de cualquier otro condicionante y, en este caso, hay confiar en que el indulto sea pronto realidad. Pero la experiencia dice que aún pueden pasar meses. Por eso se ha solicitado que se suspenda la ejecución de la sentencia en lo que concierne al alejamiento hasta que se resuelta la solicitud de indulto por parte del Gobierno. Es de esperar que prime el sentido común y cordura para que esta familia pueda cuanto antes olvidar el calvario por el que atraviesa, del que en octubre se cumplirán ya tres años.