Una medida polémica, pero que supone un apoyo al sector
El paso definitivo se ha dado, tal y como se esperaba. Bruselas no se sale del guión previsto y a partir de ahora comienza a perfilar el reglamento que debe regular el almacenamiento privado del aceite de oliva. Una medida que se demanda por gran parte del sector desde hace meses y que pretende aliviar la penosa situación por la que se atraviesa con la caída en picado del precio del producto en origen de manera sostenida en el tiempo.
Los pasos a partir de aquí no son sencillos, ni esta iniciativa representa la panacea, pero es evidente que en una coyuntura como la actual, todo suma. El día 1 de julio se ha establecido como fecha de apertura de las licitaciones para aguantar el aceite en las bodegas y recibir fondos compensatorios. La cuestión es que las ayudas no llegan por un mecanismo sencillo de solicitud, sino que hay unas normas y, entre ellas, lo primordial es que se trata de una puja y que, como es obvio, no todas las solicitudes serán aprobadas. Además, el reglamento contemplará que Italia, Grecia, Francia y Portugal entran también en la subasta.
En una jornada en la que el almacenamiento todo lo acaparó, desde el punto de vista informativo, es importante valorar en su justa medida la importante iniciativa de apoyo al sector oleícola que se aprobó en el Congreso de los Diputados, y por unanimidad, un detalle significativo por sí mismo. Desde la Cámara Baja se dio luz verde a la propuesta de adelantar el pago único del aceite de oliva al próximo octubre, lo que supone un anticipo de un par de meses en la llegada a la provincia de los alrededor de 420 millones de euros que le corresponden por este concepto. En cualquier caso, como se apunta desde algunas organizaciones agrarias, lo fundamental es abrir mercados y vender más. Con un tres por ciento de consumo mundial de zumo de aceituna, aún queda todo por hacer. Eso, y la concentración de la oferta, son los únicos caminos con perspectiva de futuro.