Una medida de largo recorrido

La medida más llamativa del primer Consejo de Gobierno del flamante Ejecutivo andaluz ya se vislumbra como un asunto de largo recorrido. La Junta pone en marcha el mecanismo legal para poder ejercer el derecho de retracto sobre las viviendas en los procesos de desahucios. Se trata de tener potestad para tener preferencia a la hora de pisos que sean objeto de ejecución hipotecaria o de compensación, de manera que se ofrece una solución a familias que hayan perdido su hogar por este procedimiento. Además, la iniciativa se sustenta en otros dos objetivos más, como son incrementar el parque público residencial de la Junta, vinculado a políticas sociales, y contar con una oferta de casas que poder ofertar a personas en situaciones especiales de vulnerabilidad.
Frente a la apuesta del Ejecutivo de Susana Díaz, que prevé que la tramitación del anteproyecto de ley esté aprobada en no más de tres meses, la oposición cree que se trata de un claro brindis al sol. De hecho, la secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, se mostró “cansada de propuestas con títulos grandilocuentes”. En la misma línea de incredulidad, la diputada de IULV-CA y exconsejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, critica que la medida tiene el sello del poder financiero y que es copia de un decreto ley catalán “que no está siendo efectivo”. Desde organizaciones de consumidores se apunta, asimismo, que la medida del retracto no es la solución ante los desahucios. A priori, parece que es preciso un esfuerzo mayor para explicar la iniciativa de cara a la sociedad y hacia los demás grupos políticos. En todo caso, el tiempo dirá hasta qué punto es efectiva la medida y si cumple el triple objetivo fijado desde el Ejecutivo.

    21 jun 2015 / 08:50 H.