Una ley de calado para un sector estratégico en la provincia
El proyecto de la que será futura Ley del Olivar acaba de superar el trámite del debate a la totalidad en el pleno del Parlamento andaluz, un paso alcanzado gracia al apoyo en solitario de los socialistas, que rechazaron las enmiendas planteadas por los dos partidos en la oposición, PP e IU.
Con todo, el llamamiento al diálogo ha sido expreso por parte de la consejera del ramo, Clara Aguilera, desde un principio, dada la trascendencia no sólo económica, sino cultural y patrimonial que el sector oleícola presenta en esta región. Tanto que hasta resulta inexplicable que hasta ahora no se haya promovido una norma global de semejante calado. Todo es mejorable y, como tal, desde la Junta se mantiene una postura “absolutamente” abierta a recibir aportaciones que enriquezcan el documento. En líneas generales, se trata de impulsar la competitividad y de proteger la sostenibilidad. En esa doble vertiente, se podrá garantizar el mantenimiento de la renta y la cohesión social, dos de los objetivos principales que se ha marcado el Ejecutivo andaluz con esta iniciativa.
Una de las novedades es el desarrollo de un Plan Director del Olivar, que se aprobará un año después de la entrada en vigor de la ley y que nace como un instrumento de planificación que servirá para realizar un diagnóstico de la actividad y definir la competitividad de las diferentes explotaciones. No todo el olivar es igual y la atención, por tanto, debe equilibrar las diferencias. Desde las organizaciones agrarias ya se han dejado sentir puntos de vista particulares, como Coag que reclama premura después de tres años en crisis, Asaja que exige un cambio radical o UPA, que cree que se trata de un instrumento clave para frenar la actual crisis de los precios. Jaén, con sesenta millones de olivos, tiene aún mucho que decir y que aportar a esta nueva normativa tan ambiciosa, como complicada, antes de su aprobación definitiva.