Una ilegalización de la lista abertzale que tendrá que esperar

La decisión del Tribunal Constitucional de revocar la sentencia del Supremo que declaró nula la lista Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (II-SP) supone, a priori, un revés para la aplicación de la ley de partidos y para el sentido común de los demócratas que entienden que esta es una maniobra más del entorno abertzale que apoya a ETA en su afán de entrar en las instituciones bordeando la ley y adaptando el discurso a un ordenamiento jurídico que ya conocen. No obstante, la decisión del Constitucional tiene que servir para que las sentencias del Supremo, avaladas en la investigación jurídica y policial, tengan el calado suficiente para que, conforme a una ley que se ha demostrado eficiente en la lucha contra la fachada democrática del entorno etarra, no se puedan tumbar con recursos al Constitucional o a los tribunales europeos. En este sentido, nuestro modelo judicial es garantista y requiere de algo más que planteamientos para ilegalizar un partido. En cualquier caso, y a tenor de las declaraciones del representante general de Iniciativa Internacionalista, en las que no rechazó la violencia de ETA, el propio discurrir de la actualidad pondrá sobre la mesa las verdaderas intenciones de la lista abertzale, al igual que su relación con la propia banda terrorista, algo que en este primer intento de ilegalización no ha quedado suficientemente demostrado.  Es momento, por lo tanto, de redoblar esfuerzos para que los intentos de los radicales de volver al estrado público para dar, de nuevo, la palabra a los que están acostumbrados a silenciarla, se queden sólo en la intención.  La Fiscalía General y la Abogacía del Estado tendrán que encontrar los suficientes argumentos jurídicos para que en la próxima ocasión en la que se pida su ilegalización no exista margen legal para que se realice y el objetivo de la ley de partidos cobre sentido.

    23 may 2009 / 08:24 H.