Una dependencia recortada

La Ley de la Dependencia tenía grandes objetivos y buenas intenciones en el marco de un Estado de Bienestar saludable. Sin embargo, nació cercenada porque presupuestariamente no estaba garantizada y la crisis económica y las exigencias del déficit presupuestario del Gobierno central y las autonomías acabaron por complicar el pago de esta ayuda para personas dependientes. Su financiación, sobre el papel, era a partes iguales entre Estado y las autonomías, pero el primero escapó en retirada y la proporción está más cerca ahora del 70% para las comunidades por el 30% del Estado. Además, los cambios modularon el sistema hasta integrar el copago para asumir una parte del coste en función de la renta. Fruto de esos cambios se permite, por ejemplo, que personas con discapacidad reconocida estén dos años sin cobrar prestación alguna y que no se les pueda abonar con carácter retroactivo. De esta forma se suceden las cifras estatales, autonómicas o provinciales con personas dependientes que mueren sin recibir la prestación o, incluso, sin ser valoradas. En Jaén, según los datos aportados por el PP con la respuesta parlamentaria de la consejera, 700 dependientes murieron sin ser valorados. Solo la presión de los colectivos y plataformas denuncian la situación de los enfermos y familiares y las lagunas legales que conlleva su aplicación.  
Se necesitaría un consenso claro entre Estado y comunidades autónomas para dotar del presupuesto suficiente para que no se produzcan situaciones de indefensión. Si la crisis económica, o mejor dicho la recesión, se deja atrás será el momento de recuperar el camino desandado. Si es que hay intención.