Una buena reforma sanitaria que comete un grave error

Es cierto que la ministra Mato no ha hecho sino seguir las sugerencias de Madrid (Esperanza Aguirre) y Cataluña (Artur Mas) al respecto, y que éste es un camino que abrieron el anterior alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, cuando introdujo un criterio de renta para modular el pago de la nueva tasa de basuras, y el entonces ministro de Industria, Sebastián, cuando estableció la tarifa social sobre la electricidad. La propuesta aprobada por el Gobierno consiste en establecer dos niveles de copago ligados a dos tramos de renta (de 18.000 a 100.000 euros se pagará el 50% y a partir de 100.000, el 60%), manteniendo el actual 40% para los beneficiarios con rentas inferiores a 18.000 euros que no estén exentos o no tengan sus pagos limitados a un máximo (como ocurre con los enfermos crónicos, parados de larga duración sin prestación y otros supuestos). En la UE hay diferentes reglas para discriminar en el pago de medicamentos a favor de ciertos colectivos(enfermos crónicos, ancianos, personas en paro, personas que padecen enfermedades graves o necesitan tratamientos complicados o largos o intervenciones quirúrgicas, etcétera), y también existen lo que podemos llamar franquicias, es decir, cantidades que pagan los usuarios en todo caso, un meccanismo parecido al que se aplica en los seguros privados. Pero en ningún país de la UE existe discriminación en el pago de medicamentos, ni de ninguna prestación sanitaria del sistema público en función de la renta semejante a la que se pretende implantar en España. Aceptar el principio de que determinados servicios públicos tengan precios diferenciados en función del nivel de renta del comprador o beneficiario significa, como es obvio, que se acepta añadir a la progresividad del IRPF elementos adicionales de progresividad, distorsionando más o menos el significado y la carga real del impuesto. Este exabrupto fiscal entraña un dislate político también notable. Si el Gobierno del PP entiende razonable discriminar en el pago de los medicamentos en función de la renta, algunos se preguntarán:¿por qué quedarse ahí? La educación, las tasas por la prestación de diferentes servicios públicos, los combustibles (gas, gasolina,gasóleo, que tienen un componente tan alto de impuestos), la electricidad, el agua, los servicios de la Administración de Justicia, las multas de tráfico, los peajes en autovías públicas, los billetes de tren e, incluso las visitas a museos o la asistencia a teatros nacionales también podrían pagarse en función de la renta. No se trata de una broma: algún miembro de Izquierda Unida ya comentó que ésa es una estupenda perspectiva, acorde con el absurdo ideal igualitario y el equivocado concepto de justicia social que maneja la izquierda. Ligar directamente el copago de medicamentos a la renta puede abrir el camino a derivas políticas enloquecidas y a distorsiones fiscales que socaven y destruyan completamente la justificación y la racionalidad del impuesto progresivo sobre la renta. Además de tener que las nuevas normas ahorren poco. Los colectivos exentos de cualquier pago o que no verán incrementada su actual participación suman más de cinco millones de beneficiarios;las personas con rentas superiores a 100.000 euros, que deberán pagar el 60% en lugar del 40%, constituyen un grupo poco numeroso, muchos de ellos titulares de seguros médicos privados, que, probablemente, utilizan poco o nada al sistema público. ¿Es mucho pedir a la ministra de Sanidad que lo que piense otra vez y elabore cuanto antes criterios de pago de medicinas, como los que existen en la UE?