Una acción de inversión pública que requiere diligencia

El Consejo de Ministros aprobó, el pasado viernes, un nuevo paquete de medidas económicas que se antoja fundamental y que, en definitiva, es lo que se le debe exigir al Gobierno en tiempo de crisis y para atemperar la recesión. La receta tanto de los países reunidos en la cumbre del G- 20 como las directrices de la Unión Europea apuntan en la misma línea: la inversión pública. Cuando el mercado no tiene fluidez, los bancos sólo buscan liquidez, pero ni se prestan dinero entre ellos ni están dispuestos a ofrecerlo con facilidad a empresarios y clientes, la única posibilidad que le queda a los gobiernos es “intervenir” y dar cartas con sus propias inversiones. En este sentido, el crédito extraordinario de 11.000 millones de euros a cargo de los Presupuestos Generales de 2008 para generar 300.000 puestos de trabajo es una buena manera de cubrir con obra pública el desempleo galopante y que las familias mantengan el poder adquisitivo. Además, los ayuntamientos serán la avanzadilla necesaria para dar empleo. Unos fondos vitales porque, en general, la Administración local soporta una saturación de servicios que se prestan al ciudadano sin que desde el Estado y las comunidades se les dote de los suficientes recursos. Durante el “boom” inmobiliario las arcas de los ayuntamientos tuvieron la liquidez suficiente, aunque en esta última década hayan perdido buena parte de su patrimonio. Ahora es radicalmente distinto, porque el sector de la construcción está parado y no aporta ya dinero alguno. La iniciativa del Gobierno debe estar avalada por la rapidez de la gestión de los fondos porque, según los expertos, este tipo de medida para que surta efecto en la economía, debe aplicarse con la máxima agilidad. Se requiere, por lo tanto, que el engranaje burocrático funcione a la perfección para que las solicitudes estén formuladas a primeros de año.

    29 nov 2008 / 23:00 H.