Un servicio paralizado
El servicio de gestión y recaudación de multas se encuentra paralizado en la capital. El convenio entre la Diputación y el Ayuntamiento expiró en el mes de diciembre y, desde entonces, los policías encargados de poner orden en la ciudad hacen su trabajo, pero las sanciones se acumulan hasta el punto de llegar a prescribir. No solo ocurre con las leves, sino que el problema también afecta a las graves. La ausencia de gestión hace poner el grito en el cielo a los partidos de la oposición, que reclaman al equipo de Gobierno en funciones que haga lo posible para que la empresa adjudicataria, Vialine, dote cuanto antes a los agentes policiales de los dispositivos móviles fundamentales para que se puedan registrar los datos de las denuncias.
Lo que ocurre es que hay un problema añadido. Se trata de la incapacidad de la Administración local para gestionar las multas que se interpongan en la capital a vehículos de fuera. El motivo es que no tiene acceso a otras bases de datos, por lo que urge algún tipo de acuerdo con otras entidades para poder estar conectado a la Dirección General de Tráfico. Hay que tener en cuenta, según denuncia el Grupo Municipal Socialista, que antes de que el Ayuntamiento suscribiera el convenio con la Diputación, a los infractores no se les descontaban los puntos porque los programas municipales eran incompatibles con los del Estado. Si es grave que esté en el aire la tramitación de las denuncias, peor es aún que las arcas municipales, que se encuentran en una situación parecida a la de una quiebra empresarial, se quedarán sin los 900.000 euros previstos en ingresos por la recaudación de multas de tráfico, algo contradictorio en tiempos complicados.
Lo que ocurre es que hay un problema añadido. Se trata de la incapacidad de la Administración local para gestionar las multas que se interpongan en la capital a vehículos de fuera. El motivo es que no tiene acceso a otras bases de datos, por lo que urge algún tipo de acuerdo con otras entidades para poder estar conectado a la Dirección General de Tráfico. Hay que tener en cuenta, según denuncia el Grupo Municipal Socialista, que antes de que el Ayuntamiento suscribiera el convenio con la Diputación, a los infractores no se les descontaban los puntos porque los programas municipales eran incompatibles con los del Estado. Si es grave que esté en el aire la tramitación de las denuncias, peor es aún que las arcas municipales, que se encuentran en una situación parecida a la de una quiebra empresarial, se quedarán sin los 900.000 euros previstos en ingresos por la recaudación de multas de tráfico, algo contradictorio en tiempos complicados.