Un polémico decreto ley para el Gobierno cambia 26 leyes
Todos los grupos de la oposición abroncaron al Gobierno por haber utilizado un decreto-ley para modificar 26 leyes que afectan a nueve ministerios y utilizar su mayoría absoluta para imponer, con métodos “caciquiles”, que el Pleno del Congreso lo convalide.
Todo esto sin dar la posibilidad a los grupos de presentar enmiendas, y con posibilidad de hablar solo 15 minutos y sin oportunidad de confrontar directamente con los ministros de los departamentos afectados. Tras discutir a puerta cerrada con el Gobierno y el Grupo Popular en la Junta de Portavoces, los representantes de la oposición hicieron pública su indignación en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso, que se produjo después. Todos los portavoces que intervinieron, salvo el del PP, cargaron contra el Gobierno, en primer lugar por “abusar” de los decretos leyes, una fórmula legislativa que, según recordó, la Constitución solo permite utilizar en caso de “extremada y urgente necesidad”, condiciones que, en su opinión, no se dan ahora.
Los decretos ley entran en vigor cuando se publican en el Boletín Oficial del Estado y hay un mes de plazo para que sean convalidados por el Congreso. Si la mayoría no acepta que se tramitan después como proyectos de ley, se impide a los grupos presentar enmiendas para cambiar algún punto. Por eso la oposición se negó a que el decreto ley que llegó a la Cámara a principio de semana, sea convalidado tan solo tres días después y denunció que, al haber agrupado en un único texto la modificación de 26 leyes, ni siquiera van a poder debatir directamente con los nueve ministros de los departamentos afectados. El texto, de 172 páginas, incluye medidas tan heterogéneas como los incentivos al empleo juvenil, liberalización de horarios comerciales, comisiones tarjetas bancarias, regulación del uso de drones, y cesión a los registradores mercantiles de la gestión del Registro Civil, entre otros asuntos. Así, desde el PSOE, su portavoz Soraya Rodríguez, ya adelantó su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el polémico decreto ley, que calificó de “engendro legislativo” y de “deleznable e insultante” para la labor parlamentaria. Además, denunció que el debate que pretende sustanciar el PP solo va a ser un “simulacro” y que no se va a poder presentar “ni una enmienda” a un texto de tanta entidad.