29 oct 2015 / 12:29 H.
La huida hacia adelante del independentismo catalán amenaza seriamente la legalidad democrática del país. De los fuegos de artificio previos se pasa, tras los últimos comicios electorales, a políticas de hechos consumados que suponen un salto cualitativo en el disparate nacionalista. Que un puñado de políticos separatistas se pronuncie en nombre de toda una comunidad y sostenga que incumplirá las leyes que emanan del Estado español es impresentable desde cualquier punto de vista democrático y legal, máxime ni cuando consiguieron en las urnas una mayoría absoluta que avalará sus propuestas. Frente a esta acción que pretende saltarse toda la legalidad vigente, el Estado, encabezado por el presidente del Gobierno no aclara cual es la hoja de ruta que haga frente a este salto al vacío. La respuesta debe ser acorde con el desafío, pero, sobre todo, debe tener el suficiente consenso de todas las fuerzas políticas. De lo contrario se entraría en un terreno en el que solo ganarían los que quieren el máximo ruido y la desunión para encontrar las debilidades que les lleven a ese supuesto triunfo. Rajoy debe dar un paso al frente, olvidarse del periodo electoral y ser consciente del momento histórico que vive el país. La defensa de la legalidad democrática es el argumento de peso, pero es necesario, igualmente, encarrilar políticamente el asunto. Él debe fijar el rumbo como responsable del país y actuar sin electoralismo en un asunto capital. De igual forma, es el momento, más tarde sería insustancial, de que la población catalana no nacionalista encuentre su voz ante tanta algarada. No pueden hablar en nombre de toda una comunidad quienes en sus delirios de grandeza pretenden romper la convivencia.