06 abr 2009 / 14:05 H.
El anuncio de que el Gobierno obligará a los olivareros a alojar a los temporeros que vengan a la campaña de aceituna supone, en la práctica, un cambio importante en la normativa que regula la relación laboral entre contratador y empleado, pero en realidad sólo sería adoptar una obligatoriedad que ya cumplen, sin regulación oficial, cientos de patronos de la provincia. El anuncio se hizo dentro de las Jornadas sobre Migraciones en las que se estudiaron las lagunas del modelo de atención al jornalero y sus posibles mejoras. En un foro plural, donde tuvieron cabida las opiniones de expertos de distintos sectores, era necesario que hubieran acudido todas las organizaciones agrarias con el objetivo de subrayar posiciones y aportar nuevas ideas. En una campaña de recogida marcada por la caída de precios y los problemas propios del sector cualquier iniciativa que comporte, en teoría, gastos puede ser mirada con recelo por los empresarios agrícolas, pero sólo si se hace un análisis somero. En primer lugar, porque buena parte de estos empresarios se encargan de buscar alojamiento a los inmigrantes que acuden al tajo y, sobre todo, porque el anuncio de cambio se enmarca en dispositivo oficial de atención que no tiene parangón en otras provincias olivareras y que estará acompañado de la creación de nuevas infraestructuras. No cabe, por lo tanto, “rectificar” una medida que con el lógico debate con las partes implicadas y en función del tipo de explotación trata de corregir la saturación actual y ligar, todavía más, la llegada de trabajadores con la contratación previa de mano de obra. El modelo no es nuevo porque funciona en parte en otros países de nuestro entorno, como Francia, pero también en la recolección de la fresa en Huelva. La ecuación es simple, si al destacado dispositivo público se le une, de forma generalizada, el apoyo privado las condiciones de acogida mejorarán.