Un Inquilino, obligado a irse
Victoria póstuma. Después de una dilatada espera, el Juzgado número 2 de Alcalá obliga a un inquilino a desalojar la vivienda de la calle Camino Nuevo por la que paga desde 1976 un alquiler mensual de 1.500 pesetas (9 euros). El pleito fue emprendido en 2013 por Genara Pérez —que falleció antes de conocer la sentencia— y su hijos, Antonio y Josefa Roldán.
Si el arrendatario, José María Pérez, no recurre, el desalojo puede producirse en cuestión de días. La resolución judicial, además de resolver el contrato —solo de carácter verbal— y obligar a que el demandado deje libre la parte de la vivienda que ocupa, lo condena en costas. El juez José Luis Delgado da por buenos los argumentos expuestos por el abogado Santiago Collado, que representa a la familia Roldán Pérez.
Por un lado, se acepta que José María Pérez, pese a estar empadronado en el lugar, no vive allí. En este sentido, recoge las declaraciones de los vecinos de la zona, que aseguraron que del inmueble salían ratas, que el demandado solo iba al lugar de forma esporádica y que en la edificación había ratas, malos olores y “trastos viejos”.
También se citan informes del Ayuntamiento sobre la mala situación de la casa y se llama la atención sobre el hecho de que los consumos eléctricos son “llamativamente bajos”. Igualmente, el juez refrenda el otro argumento del letrado Santiago Collado, quien subrayó que Pérez, dedicado a la recogida de chatarra, posee varias viviendas en Alcalá. Sobre el demandado, la sentencia dice: “No acredita que todas ellas (en relación a las casas de José María Pérez) sean indispensables para atender sus necesidades, ni tampoco acredita que dichas viviendas no sean aptas para vivir, toda vez que tienen contratados los suministros de luz y agua y el hecho de que no estén en el centro de la población no constituye motivo de exclusión a estos efectos”.