Un informe detecta irregularidades en facturas del parking Avenida

El juicio se celebrará el 18 de julio.
Cuando el propietario de una casa contrata una obra, lo hace con un proyecto concreto en el que se incluyen los materiales y su coste. Si, una vez terminados los trabajos, aparecen facturas con precios que el dueño no ha autorizado, algo falla. Algo parecido ocurrió, al parecer, en las obras del Avenida.
Un informe encargado por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Jaén a un arquitecto colegiado detecta irregularidades en la facturación de las obras de construcción del mayor aparcamiento de la capital. Se trata de una prueba judicial, a la que ha tenido acceso este periódico, que será determinante en el juicio señalado para el 18 de julio, vista en la que se tratará de dirimir la existencia de sobrecostes “sin justificar” en este cuestionado proyecto. El estudio determina que existen precios contradictorios por valor de 2,6 millones de euros, es decir, facturas que supuestamente se pagaron, en 2006, sin autorización por parte de la empresa promotora, en este caso, Epassa. Son, por ejemplo, liquidaciones de obra que nada tienen que ver con lo que se proyectó en un principio y que la empresa constructora cobró sin justificar.   
Sin embargo, el caso no se queda ahí. La polémica saltó después de las elecciones municipales de 2007, cuando el equipo de Gobierno pasó del PP al PSOE e IU. Entonces la obra estaba en su punto álgido. En este contexto, la empresa pública de aparcamientos, Epassa, empezó a recibir facturas de Acsa, la empresa constructora del parking, que se firmaron con todas las reservas y a liquidación, es decir, con la condición de hacer cuentas al final de la obra. Sin embargo, llegó un momento en el que el Ayuntamiento decidió paralizar los pagos y abrir una investigación al respecto.
Existe un informe de un arquitecto municipal, del que se hizo eco el diario digital “El Plural” el 11 de febrero, en el que se cuestionan varios asuntos. Por un lado, indica que hubo ilegalidad en la contratación: “Se observa un procedimiento irregular en la fase de contratación, se informa en su día al Consejo de Administración, que invita a un buen número de empresas, cuando la mayoría de ellas difícilmente podía tener la clasificación necesaria para afrontar una obra de este volumen”. El informe del arquitecto municipal añade: “De hecho, solo se presentan dos ofertas y se le vuelve a adjudicar a la misma empresa constructora, Acsa, cuando su oferta es la más alta”.
Por otro lado, el documento municipal agrega que el proyecto se dividió en dos partes, para hacer más fácil su adjudicación, por valor de 12 millones de euros (6 millones correspondientes al desvío de servicios y otros 6 del aparcamiento subterráneo). Sin embargo, al final, el coste se duplicó hasta los 24 millones de euros.
Según ha podido saber este periódico, de esos 24 millones, el anterior equipo de Gobierno, liderado por Miguel Sánchez de Alcázar, abonó a Acsa 17 millones. Después, 4 millones de euros fueron pagados por el actual Gobierno municipal. Sin embargo, quedaron pendientes alrededor de 3 millones. En julio de 2009, la constructora presentó una demanda judicial contra Epassa, mediante la que le reclamaba ese dinero, más los intereses de demora, en total 3,7 millones. Y en octubre de 2009, el Ayuntamiento contrapuso esa denuncia con otra mediante la que, por un lado, intenta demostrar la existencia de una desviación económica del cien por cien de la obra y, por otro, exige a Acsa que devuelva 2,4 millones de euros en concepto de precios contradictorios, es decir, facturas que no se ajustan al proyecto y aparecen sin autorización.
Tras estas dos denuncias, el Juzgado de Primera Instancia número 6 encargó el informe a un arquitecto colegiado, en el que se detectan irregularidades en las facturas. El 18 de julio se verá qué ocurre. El caso está en manos del juez.