Un espinoso proceso para legalizar las viviendas de Los Puentes
Cuando hace unos años se utilizó por primera vez la palabra derribo para hacer referencia a los chalés de Los Puentes construidos en el dominio hidráulico, se organizó tal revuelo que el asunto se aparcó, al menos de cara a la opinión pública, y se esperó a ver cómo se podía resolver la complicada situación con el paso del tiempo.
La cuestión es que acaba de darse una cifra que, a priori, se plantea como definitiva y se queda en una treintena el total de las casas que deben echarse abajo de manera total y parcial, después de desechar la cantidad de ciento cincuenta que se dijo en un primer momento de manera también oficial desde la Subdelegación del Gobierno. La comisión de seguimiento se reunió el pasado lunes, lo que en sí ya es un importante avance, porque hacía más de un año que no lo hacía, y entre las principales conclusiones que se dieron a conocer fue ese significativo descenso en la cantidad de viviendas afectadas por el deslinde de la zona. El trámite es primordial para poder acometer el proyecto del Ayuntamiento de legalizar todas las residencias que se construyeron en esa zona, tal y como se contempla en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. En todo caso, no hay que olvidar que se calcula que existen unas cinco mil viviendas, o lo que es lo mismo, unas ocho mil personas afectadas aproximadamente, aunque es evidente que no todas viven allí el año completo. Desde las administraciones públicas se entiende como un dato positivo que sólo sean treinta de las casi cinco mil los chalés que deben desaparecer, pero es evidente que la solución final no es tan sencilla. El punto neurálgico es la futura presa, cuya construcción se encuentra en fase estudio de las alegaciones y con la oposición frontal de la Plataforma en Defensa de los Cañones, que no cejará en su empeño, legítimo como cualquier otro, de luchar para que no se materialice.