Un empleado de Educación irá a juicio por vender títulos falsos
Un trabajador de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deportes, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados porque, según la fiscalía, vendía títulos y diplomas homologados que, en realidad, no tenían validez. El ministerio público pide para Francisco S. P. una condena de seis años de cárcel por delitos de falsedad en documento oficial para cometer otro de estafa.
En su escrito de acusación provisional el fiscal explica que el procesado se aprovechaba de que ocubapa un puesto por el que tenía acceso a esa documentación. Era auxiliar administrativo de la sección de Títulos de la Delegación de Educación. Desde este cargo “ofrecía a sus conocidos la gestión de certificados y homologaciones, para los que exigía el abono de cantidades de dinero en concepto de tasas, de las que luego se apropiaba en su beneficio”, añade el ministerio público. Asimismo, presuntamente, Francisco S. P. trataba de “dar apariencia de veracidad a sus operaciones y de ocultarlas a los registros de la delegación”. ¿Cómo lo hacía? El ministerio público sostiene que usó los sellos y documentos oficiales que estaban a su disposición en la delegación y simulaba los títulos y las certificaciones que entregaba a los interesados. “Por supuesto, carecían de valor alguno”, remarca el escrito provisional de acusación.
Así, la fiscalía relata ocho casos en los que, presuntamente, Francisco S. P. vendió los títulos “a conocidos”. En una ocasión, siempre según el ministerio público, cobró doscientos cincuenta euros a una mujer por la tramitación de una supuesta beca para madres solteras. De otro de los afectados percibió cien euros por la expedición de un certificado de convalidación de un curso de inglés, así como títulos de técnico superior completamente falsos. Sucesivamente, el fiscal habla de documentos de manipulador de alimentos, camarero y cocinero, un grado superior de hostelería, un curso de dietética e, incluso, el de bachiller: “Convalidaciones totalmente inválidas”, finaliza el ministerio público.
Fue la propia delegación la que presentó la denuncia cuando una de las afectadas acudió a la sede de Educación para exigir una documentación de uno de los títulos. Al parecer, el acusado se encontraba de baja, lo que hizo que se descubriera el hecho. En su primera declaración ante la juez instructora, Francisco S. P. negó los cargos y rechazó haberse quedado con dinero alguno. Es más, en la mayoría de los casos a los que se hace referencia en el escrito de acusación se dice que los perjudicados recibieron las cantidades que entregaron por sus papeles. La defensa solicita la libre absolución.
Además de los seis años de cárcel, la fiscalía pide para el procesado el pago de una multa de 4.380 euros y la inhabilitación para ejercer empleo o cargo público durante seis años. El juicio está señalado, en la Audiencia Provincial, para el próximo mes de octubre.