Un dictamen jurídico advierte de 'problemas' en la ley de aguas andaluzas

Según explicaron hoy el presidente de Asaja-Sevilla, Ricardo  Serra, y el asesor jurídico de Asaja-Sevilla, Emilio Vieira, quienes  presentaron el dictamen en rueda de prensa, fueron las "importantes  discrepancias" existentes entre los criterios de la organización  agraria y la Junta de Andalucía en torno al texto de la normativa y  las "diferentes" interpretaciones que se realizaron del informe  elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) las que impulsaron  a la organización a buscar la opinión de Pérez Royo, un jurista de  "reconocidos prestigio e independencia".
Tal y como señalaron, del informe del catedrático se desprende que  el actual borrador del anteproyecto de la Ley de Aguas muestra una  línea que "acentúa la intervención" de la Administración en el  control del uso del agua y, en líneas generales, se observa una  "restricción de los derechos de los titulares de aprovechamientos  sobre el agua respecto a la regulación vigente en el Estado".
De este modo, Vieira afirmó que se trata de una ley de "dudosa  constitucionalidad en algunos artículos y claramente en otros", ya  que según el jurista, por ejemplo, el artículo 24 "contradice" el  Texto Refundido de la Ley de Aguas y "vulnera" la competencia del  Estado acerca de la legislación básica sobre concesiones  administrativas prevista en la Constitución, pretendiendo ir "más  allá" de los que han ido en sus textos autonómicos Cataluña, País  Vasco, Galicia, Canarias y Aragón.
Tal y como explicó, el orden de preferencia del artículo 24 del  anteproyecto "acaba con la preferencia agraria" de la legislación  nacional, sólo superada por el abastecimiento humano, para colocarla  en un 'totum revolotum' con el resto de usos del agua, lo que, además  de ser "inconstitucional", genera una "grave desigualdad" entre los  agricultores andaluces y el resto de agricultores de España, ya que  éstos sí conservan su prioridad frente a otro sectores económicos.
También en el terreno de las concesiones, el informe llama la  atención, destacó Vieira, sobre el "agravio comparativo" con respecto  al resto de España que supone que el texto andaluz limite a 20 años  las concesiones, frente al máximo de 75 años que establece el Texto  Refundido de la Ley de Aguas, lo que "vulnera" la normativa nacional  y el principio de igualdad de los concesionarios andaluces respecto  al de los españoles, así como supone un "incremento de controles y de  burocracia".
En cuanto al régimen Económico Financiero y el Canon de Servicios  Generales y de Utilización de Aguas, Pérez Royo considera que "da la  impresión de que el legislador ha utilizado un instrumento de  política fiscal fuera de contexto y sin tener consideración su  naturaleza y consecuencias", por lo que sugiere que es uno de los  elementos del proyecto que "requiere de manera más intensa una  revisión".
Por su parte, el asesor jurídico de Asaja subrayó que este canon  "supone un nuevo gasto para un sector con graves problemas  económicos" y pretende que sean los agricultores y ganaderos los que  financien infraestructuras "de las que no se van a beneficiar, así  como que sostengan económicamente a una megaestructura burocrática"  que comprende los servicios de la Confederación Hidrográfica del  Guadalquivir (CHG) y la Agencia Andaluza del Agua.
En materia sancionadora, criticó la aplicación de la Ley de  Gestión Integrada de Calidad Ambiental (Ley GICA) al régimen  sancionador de aguas que sienta el artículo 102 del anteproyecto, lo  que la "separa de la legislación nacional en esta materia y a grava  notablemente la carga sancionadora en Andalucía", contemplando la  posibilidad de retirar subvenciones en materia ambiental o clausura  de la empresa de forma "desproporcionada y confiscatoria".
Además, consideró que el artículo 51 del texto consagra una  "enorme rigidez" en la regulación de los pozos de aguas privadas, en  especial, en lo que respecta a superficies, anchura, profundidad,  situación del pozo y uso del agua, lo que supone, desde su criterio,  "la conversión de tierras de regadío en secano con la consiguiente  pérdida de empleo y riqueza".
Igualmente, basándose en el dictamen, criticó que los criterios de  elaboración de los planes hidrológicos, recogidos en el artículo 24,5  del anteproyecto, "omite considerar el interés" que puede tener el  mantenimiento de las actividades económicas que necesiten el agua,  singularmente las de carácter agrícola, al centrarse únicamente en  consideraciones de "cohesión social, creación de empleo y  sostenibilidad", unas consideraciones, lo que genera "inseguridad" en  el sector agroganadero, dado que sus condiciones de trabajo son "muy  cambiantes".
Asimismo, el presidente de Asaja-Sevilla destacó que la ley, tal y  como está planteada en el actual borrador, "frenan la modernización  de los regadíos" pues "no estimula la mejora del riego, el ahorro del  agua, ni la construcción de infraestructuras que permitan incrementar  el agua almacenada".  Además, advirtió de que "no contempla un periodo de transición  previa a su tramitación para regular la caótica herencia de la CHG  respecto a los pozos de menos de 7.000 metros cúbicos, sobre las  concesiones en trámite y sobre los pozos sobre los que aún no hay  resolución". 

"DECLARA LA GUERRA AL REGADIO"
En definitiva, Serra afirmó que la Ley le "declara la guerra al  regadío" y "desmantela un sistema económico y social que ha  funcionado con la creación de riqueza y empleo en los últimos años en  Andalucía", algo "poco razonable en medio de una crisis económica". Por ello, consideró "necesario" que se "congele" el proceso  legislativo y se abra un periodo de reflexión en el que se logre el  consenso "perdido" tras la firma del Acuerdo Andaluz por el Agua y la  salida de la gerencia de Jaime Palop de la Agencia Andaluza del Agua,  ya que, según advirtió, si la normativa sigue adelante en estas  condiciones, se producirá una "batalla legal interminable" con los  regantes.
Según explicó, en la actualidad el borrador ha sido remitido al  Consejo Consultivo de Andalucía, el cual podría emitir su dictamen,  de carácter no vinculante, durante el presente mes de septiembre. De  ser negativo, el texto volvería a revisarse, mientras que si es  positivo, continuaría su desarrollo normal con su llegada al Consejo  de Gobierno.