Un detenido y tres imputados por vender casas con cargas
La Carolina. Son 13 familias las afectadas, pero podrían ser más. La Guardia Civil detuvo a un hombre e imputó a otros tres acusados de estafar, supuestamente, a los compradores de viviendas que estaban gravadas con préstamos hipotecarios concedidos a la constructora y a la promotora, pero que los afectados pensaban que las cargas habían sido canceladas. El arrestado, de 41 años, fue localizado en Sueca, Valencia, junto con uno de los imputados, mientras que los otros dos proceden del municipio jiennense. Se les imputa delitos de estafa continuada, falsedad documental, delito societario e insolvencia punible.
La investigación, enmarcada en la operación Caroig, comenzó en febrero, cuando la unidad organizada de la de la Policía Judicial de la Guardia Civil tuvo conocimiento de la presunta estafa en la venta de casas en La Carolina. Según informa el cuerpo armado, entre 2008 y 2010, 13 familias —pero no se descarta que sean más— adquirieron diferentes pisos, destinados a uso particular, a una sociedad mercantil con la creencia de que estaban libres de cargas. Sin embargo, la realidad es que estaban gravadas con préstamos hipotecarios de diferentes entidades bancarias, concedidas a la constructora y a la promotora. A los compradores se les creaba un grave perjuicio económico, ya que a ellos se les entregaban certificados falsos de cancelación contable de las deudas, así como cláusulas falsas en las escrituras de compra-venta.
Durante la investigación, los agentes comprobaron la documentación y tomaron declaración tanto a los afectados como a los representantes de las entidades bancarias. Gracias a los testimonios se verificó la falsedad de los documentos. Se detectó que el dinero cobrado por la sociedad vendedora no era destinado a las cancelaciones de las deudas, por lo que recayeron sobre los compradores.
La Guardia Civil tiene indicios de que se trata de una trama compuesta por varias sociedades con operaciones de “dudosa credibilidad” que acabarían con la descapitalización de la promotora, con la generación de una situación de insolvencia y con la no respuesta ante los acreedores.
El importe de la estafa supera los tres millones de euros, a los que abría que sumar el perjuicio causado al resto de acreedores que no han podido cobrar sus deudas. La Guardia Civil, además, no descarta que más vecinos del municipio se puedan ver afectados, por lo que recomienda que si alguien cree ser uno de ellos, se acerque al cuartel para presentar la denuncia y sumarse a la querella inicial o interponer nuevos procedimientos.
La Benemérita reconoce que estos hechos generan “gran alarma social” en la comarca. Sin embargo, la Guardia Civil ha conseguido localizar parte de los activos defraudados, que servirán para resarcir a las víctimas.