02 ene 2009 / 23:00 H.
El año comienza, como ya es habitual, con subidas generalizadas de servicios básicos y un incremento en el ámbito municipal de tasas y tarifas, fundamentalmente, para intentar compensar la mala coyuntura económica por la que se atraviesa en la actualidad. Esa es la línea general, que en el caso de la capital jiennense se puede simplificar en que el agua subirá la factura entre un seis y un diez por ciento, el alcantarillado un siete por ciento o el transporte público, un 4,9 por ciento. Capítulo aparte merece el coste del recibo de la luz, que tanta polémica generó hace unos meses por la acusada subida que proponían las eléctricas, al final se ha quedado en un incremento del 3,5 por ciento en el recibo doméstico y un 2,8 para las pymes, aunque puede que no sea el único previsto para este año, como ya sucedió en 2008, cuando las tarifas llegaron a crecer hasta un nueve por ciento. En la otra cara de la moneda, la gasolina y el gasóleo, que se encuentran en el precio más bajo de los últimos cuatro años y con una tendencia a la baja. También es reseñable la caída del Euribor, con lo que las hipotecas podrán suponer un notable ahorro de media al mes, en comparación a mensualidades anteriores. La cuestión es que, en el barullo general de subidas, el consumidor se queda cada vez más desasistido e indefenso, sin herramientas efectivas a las que acudir cuando se ve avasallado en sus derechos. Los incrementos en el precio de las tasas no van acompañados, en la mayoría de los casos, por una mejora en la prestación del servicio, una situación consentida a menudo por las administraciones públicas competentes que no actúan de oficio ante los abusos, por más que algunos sean evidentes. Es un suma y sigue en el que pierde el sector más débil de la cadena económica, los particulares y las familias, en los que cae de lleno el peso de la crisis.