Tres cuentas “bajo sospecha” y un imputado por fraude en el caso ERE

José Rodríguez Cámara/Jaén
F. J. G. C., al que la Guardia Civil imputa fraude fiscal, es el único detenido en Jaén en el marco de la segunda fase de la operación Heracles contra la trama de desvío de fondos para el empleo de la Junta. Los agentes también se personaron en sucursales de Mancha Real y la capital para “revisar” tres cuentas.

    10 oct 2013 / 11:04 H.

    La juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los “ERE falsos”, autorizó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a “requerir” los movimientos de, al menos, tres cuentas bancarias abiertas en la provincia. Así lo hicieron los agentes el martes, en el marco de la segunda fase de la llamada operación Heracles, nombre griego del que proviene el apelativo Hércules, el dios que aparece en la bandera andaluza junto a las columnas. En Mancha Real, testigos explican que los investigadores accedieron a dos sucursales del municipio, curiosamente, situadas una frente a otra en la céntrica calle Maestra. Sus movimientos en el interior apenas fueron vistos, ya que los respectivos accesos a las entidades estaban tapados con una “especie de biombo”. A pesar del sigilo, sí puede afirmarse que la labor consistió en analizar salidas y entradas de dinero, sus destinos y procedencias. El objetivo era buscar la pista de euros procedentes del “blanqueo de capitales” o indicios de “entramados ilícitos”, de los que se sirven los sospechosos de participar en el supuesto proceso de desvío de dinero público en Andalucía. Durante la misma jornada del miércoles, también se registró una detención en Jaén.El arrestado, cuya iniciales son F. J. G. C., fue requerido por la UCO por los cargos de un delito de fraude fiscal. Fuentes del Cuerpo no aportan más información sobre este sujeto, aunque, según Europa Press, se trata de un exbanquero. La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, explicó, ayer, que, después de declarar ante los agentes del Instituto Armado, el sospechoso fue puesto en libertad. Junto a él hay otros nueve arrestados, en las provincias de Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga y Segovia. La juez Alaya también autorizó registros en empresas e, incluso, en la Diputación de Sevilla. Las investigaciones sobre lo que parece un gran plan para el desvío de fondos de la Administración andaluza, destinado al empleo y a empresas en crisis, comenzaron en 2009. Más información en nuestra edición impresa.