Todos a la cárcel
Hace unos días tuve la fortuna de conocer a Antonio, el responsable de administración de una empresa del Polígono de los Olivares. En el escaso tiempo que tuvimos, hablamos de la última medida del ministro de Hacienda, la referente a las consecuencias penales para los gestores políticos de esconder en un cajón las facturas.
Lo que es normal que ocurra en el tráfico cotidiano de las empresas, es decir, que sea un delito llevar una contabilidad paralela o no llevarla, léase el código mercantil, parece que no ocurre con el devenir diario de la gestión del dinero público. Lo contrario necesitaría, primero querer realmente hacerlo. Al ser flor de un día, todos los partidos le dijeron al ministro que era una “ocurrencia”. En segundo lugar, redactar una normativa que realmente impidiera atascar y dilatar los procedimientos judiciales. Y en tercer lugar, llevarla al Parlamento para que fuese aprobada. Para todo ello pueden pasar muchos años, plazo que fue más reducido cuando se decidió cambiar la Constitución, como ocurrió en el pasado verano. Pero mi conversación con Antonio iba también sobre la necesidad de legislar respecto a la eficacia de las acciones públicas. Si una empresa se endeuda excesivamente, los accionistas y acreedores pueden demandar a los gestores. Los aeropuertos vacíos, los museos mastodónticos abiertos sin apenas contenido, las infraestructuras paralizadas en cocheras, han sido pagadas con dinero público que a su vez ha sido financiado con impuestos, de todos, deuda pública, a pagar por todos, o financiación bancaria, que ayuda a que no haya crédito para todos. ¿Y eso no genera responsabilidades?
Tomás Boyano es economista