30 sep 2014 / 10:35 H.
El Gobierno presentó, como era de esperar, los dos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Consultas y la convocatoria del presidente de la Generalitat, Artur Mas. Bajo la premisa jurídica de que ambas disposiciones atentan contra la Constitución y el derecho de todos los españoles, Rajoy ofrece los argumentos antes esgrimidos y que, por otra parte, forman parte del camino legal que corresponde a cada una de las iniciativas planteadas por el momento en el proceso separatista emprendido por el Gobierno catalán. Algo que el Tribunal Constitucional ya certificó ayer. Que la soberanía nacional reside sobre el conjunto español es el pilar sobre el que se posiciona la acción del Ejecutivo para cerrar cualquier opción sobre el referéndum. El imperio de la ley frente al deseo “democrático” auspiciado y cocinado en Cataluña. Al margen de los reproches directos sobre la manera de actuar de Mas, Rajoy también ofrece un “diálogo” dentro de la ley. En este sentido, y dadas las condiciones, intentar volver a tender puentes se antoja complicado. De ahí que el Gobierno tenga que mover piezas también para evitar que la fractura social actual llegue más lejos. Cuando concluya la escenificación planteada por Cataluña, se tendrá que construir un nuevo escenario, dentro de la legalidad, pero haciendo de la política una llave de trabajo para encajar un nuevo papel de Cataluña y del resto de autonomías. Este camino, sin duda, requerirá cambiar la Constitución. Un cambio que deberá contar con todo el consenso necesario para que no sea una chapuza legal. Otra cosa será que las ansias nacionalistas de independencia vayan más allá de cualquier posible acuerdo de convivencia. Así no hay contraprestación.