Sindicatos no retirarán sus recursos al sector público

Ambas centrales sindicales alcanzaron un acuerdo con la Junta de  Andalucía para modificar algunos aspectos del decreto ley, que deberá  ser ratificado por la Mesa de Función Pública para su publicación en  BOJA.  El secretario general de FSP UGT-A, Antonio Tirado, ha precisado a  Europa Press que hasta que no vea el decreto ley publicado en el BOJA  con las modificaciones acordadas, el sindicato no retirará los  recursos presentados. 
La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT-A presentó ante  la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de  Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, el recurso  contencioso-administrativo contra la reordenación de las empresas  públicas de la Junta de Andalucía, donde pide la nulidad del decreto  ley 5/2010 que aprueba dicha reordenación del sector público  andaluz. Este recurso se presentó por la vía de vulneración de derechos  fundamentales, donde además se pidió la suspensión del decreto.
Por su parte, fuentes de CC OO-A, que por el momento no han  recibido convocatoria oficial de celebración de la Mesa General de  Función Pública, han indicado a Europa Press que mantendrá el recurso  presentado, ya que "una cosa es que haya habido negociaciones y otro  es el camino judicial y legal y nosotros seguiremos adelante con los  recursos hasta que no veamos cambiado el decreto ley". "Que se hayan modificado determinados puntos no significa que no  se siga adelante con la vía judicial", aseveraron las fuentes.
El sindicato CC OO-A también presentó un recurso ante el TSJA  contra el decreto ley 5/2010 de la Junta de Andalucía de reordenación  del sector público del Gobierno andaluz, alegando "fraude de ley" en  el proceso y la forma de elaboración del decreto ley. Según indicaron  a Europa Press fuentes de la Federación de Servicios a la Ciudadanía  de CC OO-A, dicho recurso se presentó ante la sala de lo Contencioso  Administrativo de Sevilla contra este decreto ley por el que se  aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector  público.  Por su parte, fuentes de CSIF aseguraron a Europa Press que "por  el momento nadie nos ha convocado a ninguna mesa de función pública,  pero nosotros mantenemos nuestra postura de que este decreto ley no  es negociable e insistimos en pedir su derogación".