Sin papeles, sin tarjeta sanitaria

La polémica empezó el 20 de abril, cuando el Gobierno decretó una serie de medidas urgentes con el objetivo de ahorrar más de 7.000 millones de gasto sanitario. Una de ellas ha sido el cambio de los requisitos de accesibilidad al Sistema Nacional de Salud. Anteriormente, la única condición para recibir atención primaria en los hospitales públicos era estar empadronado en el municipio de residencia. Ahora, en cambio, hace falta estar afiliado a la Seguridad Social, ya sea como trabajador, pensionista o desempleado. En el caso de los extranjeros, la norma establece que serán atendidos siempre que acrediten que no tienen ingresos superiores a los 100.000 euros anuales ni cobertura obligatoria por otra vía, y que son ciudadanos de algún Estado miembro de la UE o, en su defecto, titulares de una autorización de residencia. Este último requisito es el que ha dejado fuera del sistema a los inmigrantes saharauis porque la mayoría de ellos no tienen papeles y tampoco están empadronados, que era la vía de entrada masiva al sistema. Pero al endurecerse la ley, el problema alcanza una dimensión mucho más amplia y afecta a todos los inmigrantes. La medida afectaría al menos a 150.000 personas que solo podrían ser atendidas en casos de accidente o enfermedad grave. Sin embargo, si después necesitaran tratamiento para su recuperación, deberían pagar por él. Si bien la norma hace una excepción con las mujeres embarazadas y los menores de 18 años, lo cierto es que con esta reforma España ha retrocedido 26 años en conquistas sociales, ya que desde 1986 la existencia sanitaria pública era un derecho universal de todos los ciudadanos independientemente de su nacionalidad. En virtud de este principio, la ley de extranjería de 2000 estableció que cualquier inmigrante podía obtener la tarjeta sanitaria con solo estar empadronado. El decreto convierte lo que era un derecho ciudadano en una prestación de asegurado; esto es contrario al derecho Internacional y a la Constitución, e irresponsable desde el punto de vista de la salud pública, porque las enfermedades no entienden de segregación. Esta reforma “no queda cobertura legal” para los inmigrantes sin papeles porque con ella se ha pasado de un modelo en el que la asistencia sanitaria estaba ligada a la mera condición de residente a otro basado en la condición de cotizante. Este debate, plantea un dilema ético para médicos y personal de enfermería. Algunos profesionales van a hacer objeción de conciencia. Tienen la obligación ética y humanitaria de atender y hacer seguimiento a los pacientes inmigrantes. No se pueden abrumar así por que sí. Hay cosas que son obvias, si la persona no tienen papeles, ni trabajo, ¿cómo va a pagar setecientos diez euros anuales? El decreto entró en vigor el 1 de septiembre, pero no todas las comunidades lo acataron a rajatabla. Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Murcia, Baleares, Cantabria y La Rioja —además de Ceuta y Melilla— no negarán la asistencia, pero emitirán una factura al inmigrante o a su país de origen en caso de que exista con este un convenio bilateral de seguridad social. Las demás han decidido incumplir el decreto, pero con algunas diferencias. Asturias, País Vasco y Andalucía seguirán atendiendo a todo el mundo sin condiciones. Canarias, Valencia y Castilla y León cobrarán por el servicio a menos que el paciente demuestre que no tiene ingresos. En Galicia, la persona deberá llevar seis meses empadronado y acreditar la falta de recursos. Navarra pide lo mismo, aunque allí el periodo de empadronamiento exigido es mayor: un año. En Cataluña, en cambio, bastan tres meses de residencia.