Siete de cada diez páginas web incumplen la normativa de comercio electrónico

Entre las prácticas abusivas detectadas se encuentran que la  empresa se reserve el derecho a cambiar las tarifas y las condiciones  del contrato sin previo aviso y no hacerse responsable de la  veracidad y calidad de la web o de la información o los servicios  recogidos en ella. Todos estos casos se consideran infracciones  graves y las sanciones oscilan entre los 5.001 y los 30.000 euros,  según ha detallado en una nota la Administración andaluza. Hasta el  momento, se han incoado 77 expedientes sancionadores (casi el doble  que la campaña anterior, en 2009, cuando fueron 43) por una cuantía  total de 306.514 euros.
En esta campaña se ha analizado el contenido de 190 páginas web de  sectores o servicios que han contado con reclamaciones de los  consumidores andaluces en el último año. Pertenecen a sectores muy  diversos como la contratación de software y hardware, la venta de  entradas a espectáculos, la reserva de alojamientos, la contratación  de seguros, el alquiler de vehículos, los servicios de abogados y  gestorías o la compra de billetes de autobús interurbano.  La mayor parte de las infracciones se refieren a las obligaciones  previas a la contratación, ya que en un 61,5 por ciento de los casos  no se informa al consumidor del archivo de los contratos; en un 48,8  por ciento no se detallan los medios para identificar y corregir  errores y en un 45,4 por ciento no se especifica la lengua de  formalización del contrato. 
En cuanto a las condiciones generales de contratación, además de  la inclusión de cláusulas abusivas no se da información correcta a  los consumidores y, en un 21,6 por ciento de los casos, ni siquiera  se informa de esas condiciones. En lo que se refiere a los datos de  actividad de la empresa propietaria de la web, en un 41,1 por ciento  de los casos no constan los datos de inscripción en el registro  mercantil y en otro 17 por ciento no se proporciona información clara  y exacta del precio de los servicios.
La Dirección General de Consumo ya ha puesto en marcha la campaña  de inspección de este año. En esta ocasión, se centra en la compra  electrónica de billetes de transporte ferroviario y marítimo, imagen  y sonido, libros, alimentación o ropa y complementos, entre otros  sectores. Se realiza sobre más de un centenar de páginas web en  castellano, con domicilio en España, que ofrecen sus productos o  servicios a consumidores andaluces.
Los objetivos de este tipo de inspecciones son, por un lado, el  control legal de las personas físicas o jurídicas que oferten  productos y servicios a través de páginas web, así como la obtención  de datos suficientes que permitan mejorar la información que recibe  el consumidor a través de Internet, tanto de los productos ofrecidos  como de cuáles son sus derechos y obligaciones.