Si fuera empleado de Macrosad

La huelga indefinida, además de altavoz para sus justas reivindicaciones, sirvió también para calibrar la importancia de una prestación fundamental para más de 700 familias jiennenses. Las grandes leyes requieren de los mecanismos suficientes para ser aplicadas y la Ley de Dependencia, que en algunas comunidades se aplica con dificultad o ni tan siquiera eso, en Andalucía cuenta con el suficiente apoyo de la Junta de Andalucía para que la norma no quede muerta en el papel. Pero la falta de garantía en el correcto uso de los fondos públicos es moneda habitual en los Ayuntamientos. Llámenle como quieran: contabilidad creativa, caja común o una alocada carrera para cerrar el mes. En cualquier caso, al final, las cuentas no cuadran y la deuda con la empresa asciende a casi tres millones de euros. Una cantidad que asfixia a la propia empresa y en penosa secuencia a 250 trabajadores y a 700 familias afectadas. Un último eslabón, el de pacientes y familiares, que quedó esta semana sin una ayuda básica en la organización diaria de sus vidas. Si como denuncia el PP el dinero que entró de la Junta para este fin se destinó a otras partidas y, además, no se cumplieron los compromisos municipales de pago, estamos ante una práctica chapucera que requeriría un mayor control por parte de la Administración que aporta los fondos, en este caso, la Junta. Una vez desconvocada la huelga, gracias al entendimiento entre todas las partes, habrá que estar atentos para que no quede solo en arreglo momentáneo hasta el siguiente terremoto político. Si yo fuera trabajador de Macrosad estaría vigilante porque la ola de recortes de lo público es contagiosa, aunque algunos carezcan de sentido y sólo busquen beneficiar a dudosos terceros. 

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