Sentencia de Los Jarales
Una nueva sentencia llega después de la remodelación integral acometida en el polígono industrial de Los Jarales, que da la razón al Ayuntamiento. Cuando se plantearon las intervenciones de reurbanización y reordenación del tráfico en el acceso, uno de los principales a la ciudad desde Bailén, se repercutió, mediante contribuciones especiales, parte del importe de la obra a los industriales y comerciantes que tenían sus negocios ubicados entre la vía principal y la calle Mina San Miguel. El Ayuntamiento entendió que se trataba de una intervención que, en definitiva, iba en beneficio de los negocios que se encontraban en la zona de intervención, por lo que ese no fue el caso de las propiedades que no contaban con un acceso directo.
Fue a principios del año pasado cuando el Tribunal Supremo confirmaba la sentencia dictada por el Superior de Justicia de Andalucía. De esta forma, el órgano judicial estimaba convenientes las denuncias de los comerciantes e industriales que, ubicados en la zona, no estaban de acuerdo con el cargo previsto inicialmente por el Ayuntamiento e interpusieron las correspondientes denuncias.
En ese caso, el juez obligaba al Ayuntamiento a devolver a los empresarios los cerca de 3,3 millones de euros cobrados, ya que entendía que la obra se realizó en beneficio general de la ciudadanía, no tan solo de los afectados por las mejoras que se acometieron en el polígono. “Las obras proyectadas por el Ayuntamiento de Linares para procurar un mejor acceso al polígono Los Jarales y a la Calle Mina San Miguel redundan en una mejora del acceso rodado a la población del tráfico de vehículos que circulan por la carretera de Córdoba, y procura un beneficio semejante al conjunto de la población, que, por tratarse de un beneficio general, anula y difumina la atribución de cualquier otro beneficio particular que pudiera justificar el establecimiento de contribuciones especiales para su financiación”, establecía el documento.
Tras el fallo judicial, llegaron las denuncias de otros empresarios que en su momento se mostraron de acuerdo con el pago de las contribuciones especiales, por lo que de nuevo se inició el procedimiento judicial. Ahora, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía da la razón al Ayuntamiento.
En concreto, según explican desde el Ayuntamiento, en el documento se recoge que la devolución del pago no se hace extensiva a los empresarios que en su día mostraron su conformidad con los convenios, ya que considera que no es lógico que ahora se opongan a una medida con la que en su día se mostraron de acuerdo. De esta forma, las devoluciones previstas en la sentencia del pasado 2013 tan solo se hacen extensivas a aquellos empresarios que denunciaron o los que no hicieron frente al cargo de las contribuciones especiales en su momento. Una sentencia, explican, que todavía pueden recurrir, aunque apuntan desde el Ayuntamiento a que van a tener bastante complicado que les salga favorable.
El conflicto comenzó el pasado 2007, que es cuando desde el Ayuntamiento se planteó la realización de una remodelación integral en la zona. El principal objetivo era el de adecentar el acceso y la zona industrial, al tiempo que evitar, en la medida de lo posible los riesgos de una de las principales entradas a Linares, que era considerada como peligrosa. De hecho, en la zona se registró un accidente mortal.