La Justicia tendrá que dirimir el grado de implicación o responsabilidad, pero el consejero de Empleo, Manuel Recio, elevó el jueves a 70 los falsos prejubilados y vendrán más. Quedan por analizar otros treinta y cinco expedientes en curso, pero está claro que el goteo escandaloso de “intrusos” pone en jaque a un sistema que demostró su falta de rigor y del que Hacienda advirtió en, al menos, tres ocasiones. Entre los nombres propios de esta presunta trama, un exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, que acuñó, con toda la carga explícita e implícita del concepto, como “fondo de reptiles” el dinero dispuesto para trabajadores prejubilados. En el papel de “conseguidor” necesario un sindicalista jiennense, Juan Lanzas, cuyo nombre figura en el caso Mercasevilla y en la conexión de los implicados con las empresas en las que nunca trabajaron. Entre los beneficiados por este andamiaje corrupto están, de momento, ocho socialistas a los que el partido se apresuró a abrirles expedientes de expulsión para marcar una distancia que habría que mantener hasta el final. Caiga en desgracia quien caiga. Las manzanas podridas no ponen en duda la necesidad de un respaldo público a empresas con problemas, y a los miles de personas que legalmente tenían derecho a las prestaciones, cosa distinta es la asunción de responsabilidad política por querer primar la agilidad en la ayuda por encima del riguroso control del dinero público. Si fuera jubilado “fantasma”, político corrupto o defraudador consentido tendría la esperanza de que una vez que escampe, la sociedad me exonere de mis pequeños pecados mundanos, porque, ya se sabe, “todos hacen lo mismo” y a “los listos” siempre se les respeta. A algunos, incluso, se les respalda en los partidos y, con o sin trajes, hasta pueden ganar unas elecciones. Sálvase quien pueda.