Salvaguardas de la armonía vecinal
Hay 86 juzgados de Paz en la provincia de Jaén, uno por cada municipio que no cuenta con uno de Primera Instancia, como ordena la Ley. En 2013, sus titulares resolvieron 46.344 casos, 22.528 asuntos civiles y 23.816 penales. En comparación con los casos atendidos y solucionados en otras provincias andaluzas, se puede afirmar que Jaén es una de entre las que más y mejor funciona este servicio.
La mayoría de las intervenciones se refiere a exhortos civiles o penales, es decir, solicitudes de colaboración atendidas a otros juzgados. También hubo 432 juicios verbales y se intervino con 642 actos de conciliación realizados. Se registraron, asimismo, 647 de faltas y se abrieron 1.947 diligencias previas a vistas. Casi todos los casos que reciben estas pequeñas oficinas locales llegan a buen puerto, según sus titulares. No obstante, podrían desaparecer tras la aprobación de la reforma judicial de Gallardón, aprobada el pasado mes de abril en el Consejo de Ministros. Después de casi 2 siglos de funcionamiento y ante su inminente extinción, la figura de los jueces de Paz es, todavía, algo confusa para los ciudadanos que no han requerido de sus servicios.
¿qué es un juez de paz y cuáles sus funciones?
Es el primer escalón dentro de la administración de la Justicia. Los juzgados de Paz son atendidos por un juez, un secretario y, en su caso, otro personal de apoyo. Segúnel número de personas del municipio de referencia, el secretario es escogido por el Ayuntamiento o será un funcionario público. Para ser juez de Paz se exige únicamente ser español, mayor de edad y no estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad. Son jueces legos, puesto que no tienen por qué contar con una titulación en Derecho.
Su principal función es la de auxilio al juzgado de Primera Instancia de la demarcación a la que pertenecen. Deben conocer el fallo y la ejecución de los asuntos civiles de hasta 90 euros que, por su materia, no correspondan a Primera Instancia. Asimismo dirigen actos de conciliación, en calidad de mediadores entre conflictos vecinales como disputas u otros enfrentamientos. También realizan labores de cooperación y auxilio judicial (exhortos civiles y penales) y el control del registro civil, a través de la custodia de los libros, los expedientes de matrimonios y su celebración, las inscripciones de nacimiento y defunciones o registros de incapacidad, por ejemplo. En materia penal, también deben conocer el fallo de juicios de faltas de menor gravedad, ejercer auxilio judicial y realizar acciones de prevención. Es la comunidad andaluza la responsable de facilitar formación a los jueces de Paz y proveer de medios materiales y humanos.
¿quién y cómo se elige a los jueces de paz?
El ejercicio es de 4 años extensibles tras un nuevo proceso de elección. Lo mismo ocurre con sus sustitutos. El nombramiento corre a cargo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), aunque son escogidos por el pleno del Ayuntamiento correspondiente por mayoría absoluta entre los que aspiren a ocupar estas funciones. Si no hubiera solicitantes, se elegiría libremente. Los jueces de Paz forman parte del Poder Judicial mientras dura su mandato.
¿cuánto cobra?
Las retribuciones corren a cargo del Ministerio de Justicia y se asignan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En 2014, los instructores en municipios de menos de 2.000 habitantes recibirán 1.072 euros anuales. Son 1.609 para los jueces de pueblos de entre 2.000 y 5.000 vecinos;2.145 hasta 7.000; 3.218 hasta 15.000, y 4.290 euros anuales a los de municipios con más de 15.000 habitantes. Esta cantidad lleva años congelada. El rédito real es el reconocimiento vecinal hacia su labor.
¿qué pasará tras la reforma de gallardón?
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo anteproyecto fue aprobado en el Consejo de Ministros el pasado mes de abril, contempla la creación de Tribunales Provinciales de Instancia, con lo que se centralizará la asistencia jurídica de los municipios que cuenten con juzgados de Primera Instancia, salvo excepciones contempladas en el anteproyecto, y dificulta el acceso de los vecinos a estos servicios. Asimismo, pretende fomentar la profesionalización de la carrera judicial, “lo que supondrá la desaparición de los jueces de Paz, pero no así de estos juzgados, que asumirán labores de apoyo y acceso al registro civil”, según el informe de los ministros.