Reyes Estévez y Nuria Fernández, interrogados
La Guardia Civil tomó ayer declaración en calidad de testigos a varios atletas, entre ellos los mediofondistas Reyes Estévez y Nuria Fernández, por su relación con el preparador Manuel Pascua Piqueras, uno de los catorce detenidos por la presunta trama de dopaje desmantelada el jueves por el instituto armado.
De momento no hay ninguna prueba de la participación de estos corredores en la red de distribución de sustancias dopantes, aunque se les ha tomado declaración para que aporten su versión sobre los hechos. De hecho, el número de personas interrogadas podría aumentar a medida que los investigadores vayan analizado la documentación.
Entretanto, la Guardia Civil ha puesto en libertad a cinco de los catorce arrestados el jueves en la operación “Galgo” a la espera de que sean citados para comparecer en el juzgado, previsiblemente el próximo domingo. Además de Marta Domínguez, que volvió a su domicilio tras declarar durante varias horas en la Comandancia de Palencia, están en libertad dos farmacéuticas y un intermediario de la red de dopaje arrestados en Madrid y el entrenador de ciclismo José Luis Pascua, detenido en Segovia.
En el domicilio de Domínguez, los agentes encontraron diversas sustancias dopantes, que la atleta facilitaba presuntamente a otros deportistas. Sobre la implicación de la campeona mundial de 3.000 metros obstáculos, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reconocido que le ha afectado profundamente la “pésima noticia” de su detención, pero advirtió de que “sería terrible” que porque “algunos hagan trampas” se manche el sacrificio de otros.
La mayoría de los detenidos en la operación contra el dopaje pasará a disposición judicial mañana domingo, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.
Será la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, que ha dirigido las investigaciones, la que tomará declaración a los arrestados a partir de las nueve de la mañana de ese día, aprovechando que el domingo se encuentra de guardia y que se cumple el límite máximo de detención preventiva, establecido en 72 horas.
posibles sanciones. Los responsables de la red se enfrentan a un delito contra la salud pública en relación a sustancias dopantes, contemplado en el artículo 361 bis del Código Penal. Ese artículo establece penas de seis meses a dos años de prisión para los que “sin justificación terapéutica”, proporcionen a cualquier deportista “sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, así como métodos no reglamentarios, destinados a aumentar sus capacidades físicas o a modificar los resultados de las competiciones”.
Además de la pena de cárcel, los autores de ese delito serán condenados a multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por un plazo de dos a cinco años.