Revelada una 'trama' de prejubilaciones ilegales

de "hombres de paja" o personas ajenas a compañías como  esta sociedad mixta, el restaurante Río Grande o la textil Hitemasa  en este tipo de procedimientos, a fin de cobrar irregularmente las  rentas correspondientes a sus prejubilaciones fraudulentas. La  investigación señala al ex director general de Trabajo y Seguridad  Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero como parte  de esta red, destacando su creación de un nuevo "sistema" de ayudas  para empresas en crisis que habría constituido un "incumplimiento  flagrante" de la Ley autonómica de Hacienda Pública.
El atestado policial, finalizado el 17 de enero de 2011 y recogido  por Europa Press, ha sido elevado a la magistrada del Juzgado de  Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga en  torno a la gestión del Mercasevilla un posible intento de petición de  comisiones ilegales protagonizado por los ex directivos Fernando  Mellet y Daniel Ponce, las presuntas irregularidades en la  enajenación de los suelos del mercado central de abastos y un  supuesto delito societario en el que estaría enmarcado el expediente  de regulación de empleo de 2007.
Si bien la Consejería de Empleo autorizó tanto el expediente de  regulación de empleo promovido en 2003 por el mercado central de  abastos, como el procedimiento de 2007, solo las pre jubilaciones  acordadas en el primero de los ERE gozan de financiación autonómica.  Y es que el expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por  Mercasevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue resuelto  con aproximadamente 40 prejubilaciones cuya financiación ha quedado  en el aire al haberse desligado de ella la Consejería de Empleo. 

EL ERE DE 2007

De un lado, entre finales de 2007 y comienzos de 2008, el por  entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta  de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, firmó varios documentos  mostrando su "conformidad" en cuanto al libramiento de fondos para  las prejubilaciones de los trabajadores acogidos al ERE de 2007. No  obstante, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social,  Daniel Rivera, advierte en un documento oficial recogido por Europa  Press de que estos actos fueron "meros actos de comunicación  huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".

En este marco, destacan los casos de María del Carmen Fontela  González y del ex miembro de la ejecutiva socialista de Baeza Antonio  Garrido Santoyo, cuyos nombres figuran como aspirantes a la  prejubilación en documentos de los ERE de 2003 y 2007,  respectivamente, pese a que ninguna de ellos ha formado nunca parte  de la plantilla. 

CONCLUSIONES DEL ATESTADO POLICIAL

Las conclusiones del extenso atestado elaborado a tal efecto por  la Brigada Provincial de Policía Judicial, de cualquier forma,  apuntan a la organización de una verdadera "trama" destinada al  aprovechamiento de los expedientes de regulación de empleo para la  "introducción de personas ajenas" a las empresas, --pues las  indagaciones han ido más allá del ámbito de Mercasevilla--, al objeto  siempre de cobrar las rentas de estas prejubilaciones fraudulentas.

Los puntos de partida de la investigación son, de un lado, el  desembarco de Fernando Mellet en la dirección del mercado central de  abastos, pues tras su ascenso a la Dirección General de Mercasevilla  "se suceden las irregularidades de todo tipo". De otro lado, el otro  puntal de la investigación es la labor de Francisco Javier Guerrero  en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de  Andalucía dada la creación de un "nuevo sistema" de ayudas  autonómicas para expedientes de regulación de empleo o "empresas en  crisis". En concreto, y según el atestado policial, gracias a la  firma de un acuerdo entre su departamento y el por entonces Instituto  de Fomento de Andalucía (IFA), la última de las instituciones se  convertía en la "pagadora" de estas subvenciones "evitando los  controles y la fiscalización propia" de este tipo de libramientos.

"INCUMPLIMIENTO FLAGRANTE" DE LA LEY 

Las ayudas libradas mediante este método, ni siquiera publicadas  en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen  según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley  General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. "Prueba  evidente es que no consta en los expedientes ni una sola solicitud de  ayuda por parte de las empresas beneficiarias", señala el atestado,  que en este punto destaca el surgimiento de la figura del  "intermediario", extremo "de conveniencia" según el propio Guerrero  para la gestión de los pagos a las compañías aseguradora pese a que  "la Junta de Andalucía podría haber negociado directamente con  cualquier entidad aseguradora".

El 'modus operandi', según el atestado, comenzaba con el acuerdo  correspondiente el expediente de regulación de empleo, su aprobación  a manos de la autoridad laboral y la entrega de la documentación a  una "empresa mediadora", citando expresamente a las consultoras  Vitalia Vida y 'Uniter'. Estas entidades trasladaban las relaciones  de trabajadores beneficiarios de las prejubilaciones a las  aseguradoras y a la Dirección General de Trabajo para la "aprobación  de las partidas" de sus prejubilaciones, fase en la que "se  introducen personas ajenas a la empresa y que figuran como  trabajadores con derecho al cobro de las rentas".

El atestado resuelve que las supuestas "mediadoras" 'Hermes  Consulting' y 'Maginae Solutions' habrían cosechado un beneficio de  186.800 euros por su papel en el ERE promovido en 2007 por  Mercasevilla, cuantías que podrían ocultar el pago de "comisiones"  por la "intermediación con la Junta y el comité de empresa", sobre  todo al solaparse sus funciones y coincidir las causas del  procedimiento con el expediente de regulación de empleo consumado en  2003. Así, la investigación sopesa "un posible acuerdo" entre el ex  sindicalista de UGT y supuesto "mediador" Juan Lanzas, el comercial  de Vitalia Vida Francisco González y el propio Mellet en lo que  concierne al ERE de 2007, incluyendo "a personas de su confianza  tanto en el ERE de Mercasevilla como en el del restaurante Río  Grande, percibiendo ellos las cantidades" de las prejubilaciones  fraudulentas. En el caso de Carmen Fontela y su inclusión en el ERE  de Río Grande, la investigación señala que ella "no percibió cantidad  alguna" y Lanzas y González "se repartían" el dinero "de modo  desigual".

Las pesquisas no han logrado esclarecer el destino del dinero  consignado a la prejubilación de Garrido Santoyo, por lo que se  sospecha de Lanzas, González, Mellet o incluso Francisco Javier  Guerrero como posibles beneficiarios. El informe concluye que es  "claro" que Mellet, Ponce, el presidente del comité de empresa,  Rafael Domínguez (CCOO), y el actual director de Mercasevilla, Juan  Carlos Recio, "intentan ya" en 2003 "introducir" a Fontela en el  primer expediente de regulación de empleo "seguramente para pagar los  honorarios de Francisco González y/o Lanzas", pero "no lo  consiguen".

Por eso, Fontela "es introducida" en el ERE de Río Grande,  promovido en 2005, Garrido Santoyo en el expediente de regulación de  empleo impulsado en 2007 por Mercasevilla y el propio Juan Lanzas "en  el ERE de Hitemasa", toda vez que "es indudable la participación  activa en toda esta trama" de los 'brokers' Vitalia Vida y 'Uniter  S.L.' y de los dos directivos de Vitalia Jesús María Bordallo y  Antonio José Albarracín.