Reparación de un error
Sin sorpresa, leo en este diario las declaraciones del sacerdote Martínez Pulido sobre la escuela concertada. Sus palabras llevan dentro un punto de satisfacción y de un moderado triunfalismo cuando nos dice que 2/3 de los padres con titulación universitaria envían a sus hijos a la concertada o que, en ésta, una plaza escolar le cuesta al Estado la mitad que en la pública o que la mayor calidad de la privada es evidente, si nos remitimos a la demanda social.
El caso es que, salvo en la alta calidad del profesorado de la pública y en el coste de la concertada (pues, a través del Estado, le pagamos todo lo necesario para su funcionamiento), el sacerdote parece tener razón, porque lo que él viene a describir es un estado de merma de la enseñanza pública a causa de las subvenciones de la concertada, que ahora el anteproyecto de Wert quiere acentuar.
La carrera de privilegios a los empresarios de la enseñanza se ha basado en unas cuantas falacias que, como siempre en política, se presentan con el brillo del eufemismo. Se trata de palabras tan prestigiosas como gratuidad, libertad de enseñanza o igualdad, con las que se suele justificar los conciertos, pero que, en la práctica, toman justo el significado contrario.
La OCU analizó 180 centros de la privada concertada y le dio concreción al secreto a voces de que, en este tipo de enseñanza, la gratuidad cuesta dinero, concretamente una media de 501 euros al año en concepto de extraescolares, uniformes, transporte, etc. Los otros dos eufemismos (la libertad de elección de centro y la gratuidad) son negados por el filtro del coste de la privada para las familias, y aún por los otros filtros de la discriminación a causa del ideario o de las creencias del centro. Se forma así una relación parasitaria consistente en que la concertada extrae del Estado subvenciones que dedica a alumnos procedentes de familias con mayor poder económico las cuales, por otra parte y por estadística, son las que poseen mayor nivel cultural. Es decir, la concertada selecciona al alumnado con nuestro dinero, mientras la pública, y ese es su orgullo, lleva la enseñanza hasta el último rincón.
Todo esto dibuja un sistema educativo enfermo donde el Estado cede recursos a quien menos los necesita, restándolos sin remedio a quienes tienen más carencias, mientras rompe con su obligación de garantizar una escuela que dé las mismas posibilidades a todos los ciudadanos para acceder al conocimiento; una escuela que no discrimine por razones económicas o de creencias; una escuela que debe ser laica para asegurar la libertad de conciencia y un primer nivel de cultura común e igualadora.
Dentro de las fallas del sistema que la crisis está evidenciando y su consiguiente posibilidad de superarlas, la enseñanza tiene pendiente la corrección de esta perversión de los conciertos. Sin embargo, la respuesta no parece estar en los dos partidos mayoritarios que son los responsables del engendro. La respuesta está, como casi todo hoy, en el viento. En el viento de la calle.
Salvador Compán es escritor