Regreso a tiempos cerriles

La ley de educación anda con prisa y con tan poco consenso que Wert busca que tenga plena vigencia antes de las próximas elecciones de 2015. Es decir, antes de que la posible victoria de otro partido entre a barrerle casa y le descuelgue las guirnaldas de esa fiesta suya para solitarios, a la que se accede con rigurosa invitación.

    25 may 2013 / 09:32 H.

    Porque, en gran parte, lo que mueve la ley Wert es festejar a los patronos de la enseñanza: concederle más poder de decisión, permitirle segregar por sexos, apuntalar a la concertada, debilitar al profesorado y hasta, puestos a enloquecerse haciendo regalos, inventarle a la Iglesia una asignatura.

    Sin embargo, cuando la ley hace planteamientos de Estado, y se olvida de privatizar lo que es de todos, habla con una cordura que merecería ser sopesada para ajustarla a un consenso. Me refiero a aspectos que pretenden la igualación en el conocimiento del alumnado en todo el país, como los contenidos comunes en las asignaturas troncales, las pruebas externas homologadas para todo el territorio o el uso escolar de las dos lenguas oficiales en zonas bilingües. Ahí podrían estar los mimbres para un pacto educativo, si es que antes de nacer no hubiera sido ya dinamitado por los intereses nacionalistas y partidistas, que ya lo han rechazado con la tristísima contundencia de los autómatas.  De nuevo, se confirma que la Educación no es cosa del Estado, sino “cosa nostra”, asunto de la patronal eclesiástica y de políticos más o menos nacionalistas que siempre tienen la tentación de convertir las exigencias democráticas y el servicio público en un servicio de sí mismos. Si los partidos también se comportan como empresas, aviados estamos, porque entre patronos andaría un juego tan necesariamente social como es este de la enseñanza. De todas formas, el propio Wert avoca su ley al desencuentro cuando nos traslada a tiempos anteriores a la Ilustración para dejar que la Iglesia interfiera en el poder político y condicione la vida ciudadana. ¿Hay alguna justificación que no responda a intereses ajenos a la enseñanza para que la religión se cuele en los centros? ¿La subjetividad de la fe y la ciega subordinación a los dogmas pueden ser materia de una asignatura? ¿Qué hace una asignatura de Religión en el sistema público de un país aconfesional? ¿Cómo justificar que se enseñen creencias o que los trabajadores de este país paguen con sus impuestos la catequesis en los centros? ¿Es puntuable el grado de fervor con una nota que, además, cuenta tanto como la de Matemáticas o Lengua? En el sistema público educativo sólo caben saberes comunes y formalizados, y no ideologías políticas o religiosas, y aún menos el proselitismo de esta o aquella tendencia. Para eso está la privada, que es donde el interesado puede pagarse cualquier subjetivismo doctrinario. Wert no lo ignora y, si quisiera aceptación para su ley, nunca se le hubiera ocurrido imponer esta regresión a tiempos cerriles.

    Salvador Compán es escritor