Refuerzos para el empleo rural

Una rúbrica que inyectará en la provincia unos 7,6 millones de euros para financiar los materiales  necesarios destinados a la realización de las obras incluidas en el Pfoea 2014. Esta cantidad se suma a los 18,9 millones del Servicio Público de Empleo Estatal, lo que supone 26,5 millones de euros, con los que se estima que este año se generen más de 296.000 jornales en la provincia. En concreto, la Junta financia el 75% del coste de los materiales, con una aportación de casi 5,7 millones de euros,  mientras que el 25% restante es sufragado por la Diputación  jiennense, que realiza una inversión de 1,9 millones de euros.
Con la propuesta de Valderas, la cantidad aumentaría hasta los 40 millones para los municipios jiennenses, lo que equivaldría a doblar los contratos, para conseguir unos 30.000. “Se trata de algo más que un plan de empleo, pues permite completar la renta, ya que también es una ayuda para los autónomos. Un estímulo económico y una inyección para el desarrollo de los municipios”, remarcó el vicepresidente de la Junta de Andalucía. En este sentido, Valderas se dirigió al Gobierno estatal para exigirle que “se deje de sorderas” y conteste a las peticiones de la Administración autonómica.
Además, el representante andaluz recordó las medidas puestas en marcha por el empleo en la región: “Los ciudadanos deben conocer la apuesta por el empleo, como el plan para los jóvenes, para los mayores de 30 años y para la construcción sostenible”, enumeró Diego Valderas, quien remató: “Aun así hemos tenido siempre en contra al Gobierno.
Por su parte, el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, valoró la inversión del Pfoea para los pequeños municipios. “Podemos asegurar que en Andalucía la gente vive en los pueblos, gracias a las mejoras en las infraestructuras y en los servicios, así como por la calidad de los recursos”, justificó Reyes la importancia del plan.
Reyes volvió a criticar el poco margen con el que, en su opinión, comunicó el Gobierno central, a través del Boletín Oficial del Estado del 28 de junio, “un sábado”, el anuncio de prorrogar la ejecución del Pfoea. “Cualquier alcalde sabe que el último contrato vinculado a este plan tiene que hacerse no después del 15 de junio, pues debe estar ejecutado antes del 30 de junio”, aclaró Reyes, quien manifestó que se trata de una maniobra que solo obedece a gente que “quiere hacer daño” a los territorios”. “Se hizo automáticamente para Extremadura, mientras que Andalucía tiene que pedirlo”, dijo.  
Diego Valderas se sumó a esas críticas: “No es justo que un Gobierno que sabe que tiene que poner una medida en marcha, esconda esa información para unos ayuntamientos y la facilite a otras comunidades”.
El subdelegado del Gobierno, Juan Lillo, contestó a las críticas e indicó que la prórroga para el plan es una medida “extraordinaria” que se aprobó en Extremadura por el retraso que sufrieron los consejos comarcales y por las inclemencias meteorológicas de febrero y marzo de 2014. “Aunque en Andalucía y en Jaén los ayuntamientos contaron con el plazo habitual de ejecución de las obras y no se produjeron inclemencias meteorológicas importantes, el Gobierno permitirá que los municipios andaluces y jiennenses se acojan a esta ampliación”, aclaró.