Reabrir la residencia Fuente de la Peña ha costado 2,5 millones
La residencia de mayores Fuente de la Peña, la más grande de la capital, abrió sus puertas en febrero del año 2007. Apenas dos años después de su apertura, aparecieron las primeras grietas en el edificio. Problemas que se fueron agravando con el paso del tiempo: corrimientos de tierra, humedades, fisuras cada vez más anchas... Todos los intentos por corregir el deterioro del edificio fueron inútiles. Así, el 5 de mayo de 2013, el consejo rector de la cooperativa de la Residencia Fuente de la Peña adoptó una decisión traumática: desalojar a las 108 personas mayores que vivían por entonces en el geriátrico y presentar un expediente de regulación de empleo para los 56 trabajadores. Desde entonces, la instalación ha permanecido cerrada por las obras de reforma.
Dos años y cinco meses después de la clausura, la residencia Fuente de la Peña tiene previsto volver a abrir sus puertas el próximo 29 de octubre. Para ello, los cooperativistas tuvieron que pedir un crédito bancario —concedido por la Caja Rural de Jaén— para sufragar los 2,5 millones de euros que ha costado reparar los importantes daños estructurales que presentaba el edificio. Fue necesario, incluso, adquirir un terreno colindante para reforzar la cimentación, tal y como explica el presidente de la cooperativa, José Luis Sánchez: “Hemos puesto esa fecha de apertura porque entendemos que, para entonces, ya tendremos concedidos todos los permisos”, sostiene.
La residencia tiene 192 plazas y, en principio, la dirección ya tiene confirmada la presencia de numerosas personas mayores que vivirán en las remozadas instalaciones: “No tenemos todavía un número exacto”, explica José Luis Sánchez, que representa a 51 cooperativistas, que son usuarios en la actualidad o pueden serlo en el futuro.
Hay que recordar que los responsables de la sociedad presentaron una demanda por los “vicios constructivos” que presentaba el edificio y que obligaron al cierre de la residencia. La Justicia les dio la razón y consideró que los dos arquitectos que dirigieron los trabajos cometieron “decisiones erróneas” a la hora de elegir la cimentación. No fue la adecuada, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones especiales del terreno donde se levantó el inmueble y la inestabilidad de una ladera próxima. La sentencia condenó a ambos profesionales a pagar 865.387 euros, la cantidad que, según la juez, era necesaria para hacer frente a las reparaciones necesarias en el edificio. Finalmente, la aseguradora de los arquitectos pagó 455.000 euros, es decir, solo la mitad de la indemnización. Ese era el límite de la póliza que tenían contratada, tal y como explica José Luis Sánchez.
En abril de 2014, comenzaron las obras de reparación. En principio, el coste previsto era de 1,6 millones de euros. Sin embargo, el gasto se disparó hasta los 2,5 millones, debido a diversas circunstancias adversas. La cooperativa tuvo que pedir un préstamo para sufragarlo. Tras casi un año y medio, los trabajos ya están terminados y la residencia, en perfecto estado para reabrir sus puertas.