¿Qué pasa con las sanciones?
Pasan seis meses desde que expiró el convenio entre el Ayuntamiento y la Diputación para la gestión y recaudación de multas de tráfico y, aunque la empresa Vialine ya debería estar gestionando las sanciones —en fase voluntaria— y los agentes de la Policía Local, andar por la ciudad armados de PDA’s e impresoras móviles, a la caza del infractor, la realidad es que Jaén se ha convertido en un “paraíso” en el que saltarse las normas viales ha dejado de estar penado. Los policías hacen su trabajo y dan el disgusto con la copia rosa del boletín de multas. Pero las sanciones se siguen acumulando en la Jefatura y, además de las leves, ya han empezado a prescribir también las de carácter grave.
La recaudación está a merced de la buena voluntad del infractor porque, sencillamente, no hay gestión. Lo confirma la concejal socialista Matilde Cruz, que vuelve a denunciar que la empresa adjudicataria aún no ha facilitado a los agentes de la Policía Local los dispositivos móviles fundamentales para que estos puedan registrar los datos de las denuncias. Es una obligación que asumía por contrato, al igual que la de impartir cursos a estos profesionales. “Pero no ha hecho nada”, critica Cruz, que añade “otro agravante”: la necesidad de dar de alta en la Agencia de Protección de Datos los ficheros, que, al parecer, no se habría producido aún.
Lo más básico para poder tramitar las multas continúa, por lo tanto, en el aire. Pero, lo más importante para unas arcas arruinadas, en las que la deuda tiene un diámetro metafórico de entre 461 y 700 millones de euros, es que los 900.000 euros que el equipo de Gobierno local esperaba ingresar por la recaudación de las sanciones de tráfico parecen una ficción de improbable alcance. Y no solo porque el primer semestre del año está a punto de ser una página del pasado, sino porque hay todavía algunos cabos que atar y otros que han surgido y que pueden demorar más la prestación de este servicio.
Según pudo saber este periódico, el trabajador municipal que había sido designado para instruir los expedientes ha recurrido su nombramiento. Pero, además, es que la capacidad del Ayuntamiento para gestionar las sanciones que se interpongan en la capital a vehículos de fuera es harto limitada. Y el motivo principal es que no tiene acceso a otras bases de datos. Para hacerlo —explica la concejal del PSOE—, la Administración local “tendría que firmar algún tipo de convenio con otras entidades”. Esto no ocurrió durante los cinco años que la Diputación Provincial gestionó el servicio porque “está conectada con la Administración General del Estado y con la Dirección General de Tráfico”. De hecho, Matilde Cruz apunta un nuevo obstáculo que el Ayuntamiento debería salvar en esta carrera en la que se ha convertido prestar el servicio. Según la socialista, antes de que la Administración local suscribiera el convenio con la Diputación para que esta tramitara las multas, a los infractores no se les descontaban los puntos “porque los programas del Ayuntamiento eran incompatibles con los de la Dirección General de Tráfico”.
En este panorama, y teniendo en cuenta la recaudación anual que la Administración provincial garantizaba a las arcas municipales, Cruz lamenta que “ya se han tirado a la basura 750.000 euros”. Este periódico intentó sin éxito conocer la versión del Ayuntamiento.