23 ago 2009 / 09:29 H.
Diferentes municipios de la provincia padecen estas semanas de agosto actos de vandalismo y robos en vehículos y viviendas. En algunos de estos casos existe un patrón común que es la acción de jóvenes, algunos menores de edad, que bien destrozan mobiliario urbano o realizan robos. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado detuvieron esta semana a integrantes de estas bandas juveniles que pasaron a disposición judicial por sus actividades delictivas en Castillo de Locubín y siguen la pista a un grupo de menores en Alcaudete. Pero no siempre se puede intervenir diligentemente contra estas conductas porque los huecos de la Ley son aprovechados por los integrantes de estas bandas. Así ocurre, por ejemplo, en el céntrico Parque de La Victoria de la capital, donde un grupo de menores tiene amedrentados a vecinos y dueños de establecimientos cercanos con pequeños robos y amenazas. A la falta de edad penal se suma, en esta ocasión, la procedencia extranjera y sin regularizar que impide que la Policía y los centros de menores puedan entrar en acción. Estos vacíos legales, al margen de desmotivar a los agentes, dejan en desamparo a los ciudadanos que asisten atónitos a cómo a cada detención se suceden una puesta en libertad y otro robo. Una secuencia ilógica y que causa verdadera indefensión a las víctimas. Mientras la Ley se adapta lentamente a las circunstancias y los cambios sociales, la autoridad debe subsanar estas lagunas que dan carta de impunidad a unos menores que entran y salen de las dependencias policiales con la seguridad de que su acción no será penalizada. La diligencia en solventar estas situaciones es necesaria para evitar una reacción violenta que pone en peligro la convivencia y que, no obstante, nunca estaría justificada. Por este motivo, antes de dar pie a que alguien quiera tomarse la justicia por su mano, se requiere a la mayor brevedad acabar con un problema de orden público.