Por un debate necesario
Nicolás Galisteo Padilla/Desde Úbeda. En primer lugar, decir que me considero un ciudadano progresista, amante del buen hacer y respetuoso con mis semejantes y a hacer el bien por donde camino, ese es mi lema, y mi forma de pensar. España es un gran país, donde los haya y sus ciudadanos un gran ejemplo a seguir, por sus virtudes y por saber entregarse a nobles causas y ser solidarios con los demás.
España y, más concretamente, el Gobierno de la Nación, no tiene más remedio que poner las cosas en su sitio, me refiero concretamente al control que debe de jugar bajo mi punto de vista con respecto a los gobiernos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos.
El Gobierno de España tiene que provocar un gran debate sobre los sueldos de los políticos de dichos entes que he mencionado anteriormente. Bajo mi punto de vista, no es concebible, ni serio, ni responsable, que tanto los presidentes de comunidades autónomas, consejeros y alcaldes, se regulen a su libre albedrío sus sueldos, sin ningún tipo de control externo. Por eso, el Gobierno central sea del signo que sea, pienso que debería de intervenir en estos despropósitos que en algunas ocasiones roza la línea roja y la irracionalidad hablando de sueldos desproporcionados de esos cargos institucionales. El Ministerio de Economía, no tiene más remedio que poner coto y límite sobre este tema, y que junto con dichos organismos públicos establezcan una ley para esas instituciones, con unos parámetros de equidad, racionalidad y transparencia en el capítulo de remuneraciones públicas. Estableciendo un esquema de los sueldos que deben percibir, bien en función de la población o de la renta de cada región, para no permitir los abusos de que cada cual establezca su sueldo, sin más remedio tiene que estar legislado por parte del gobierno central, y sean de dominio público esas remuneraciones, así como publicarlas en el Boletín Oficial del Estado, (BOE) eso para mí es transparencia.