Peritos ratifican que en Crucero Banús se usó dinero negro

Dos funcionarios han declarado como peritos este martes en este  juicio contra la supuesta trama, en concreto dentro del bloque  relacionado con dicha operación por la que están acusados, entre  otros, el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca; el ex edil  Pedro Román; el ex comisario Florencio San Agapito, y el letrado Juan  Hoffman.

Los peritos han asegurado que la sociedad constituida en Suiza con  la que se desarrolló esta operación inmobiliaria, denominada Lispag,  era "una sociedad meramente instrumental al servicio de la  ocultación" y han explicado el destino de los fondos de la cuenta  habilitada a nombre de dicha entidad en España y los ingresos que se  realizan a uno de los socios.

Los funcionarios han contestado a las preguntas del ministerio  fiscal y han detallado también las cuentas de los diferentes socios  para la creación de Lispag. En el caso de Roca, han señalado que la  aportación de unos 91 millones coincide con tres cheques, pero han  indicado que no les consta la existencia de un cuarto cheque, como  afirmó en su declaración Roca.

Además, han precisado que "ninguno" de los participantes en la  sociedad "presentó declaración" a la Agencia Tributaria, salvo "las  complementarias presentadas" por San Agapito y han asegurado que  existen argumentos suficientes para considerar que dicha sociedad  pertenece a esos cuatro acusados y no a las personas que aparecen  como fiduciarios.

Estos peritos tendrán que contestar este miércoles a las preguntas  del resto de acusaciones, el Ayuntamiento de Marbella, la Junta de  Andalucía y la Agencia Tributaria, y a las cuestiones de los abogados  de los acusados, además de que tendrá que declarar otro perito  propuesto por una de las defensas.

URBANISMO

En esta sesión del juicio ha terminado el interrogatorio de la que  fuera asesora jurídica adscrita al departamento de Urbanismo de  Marbella, Raquel Escobar, que había comenzado este lunes. Esta  testigo ha asegurado que Roca "tenía autoridad suficiente para  impartir órdenes en muchas áreas del Ayuntamiento", no sólo en la de  Urbanismo.

Así, ha sido preguntada sobre las instrucciones que daba Roca a  los distintos departamentos como por ejemplo Economía o Personal,  apuntando que mantenía "una comunicación fluida" con el interventor,  el secretario, el concejal responsable de las áreas o el tesorero, y  "si Roca pedía que acudieran al despacho para debatir un tema, ellos  acudían".

Escobar, que ha declarado como testigo también dentro del bloque  en relación con la operación Crucero Banús, ha recordado que ella  prestaba servicios en el Area de Urbanismo y ha insistido en que "lo  que dijera Roca estaba autorizado plenamente por el alcalde", en  referencia a Jesús Gil, coincidiendo con la declaración de este lunes  de otra letrada colaboradora de Roca, María Castañón.

Escobar ha recordado que cuando fue contratada no se elaboraban  informes jurídicos en materia de licencia, tal y como lo había  exigido Gil, y que estos permisos se otorgaban según informes  técnicos y uno jurídico de carácter general que había emitido el  entonces abogado del Ayuntamiento José Luis Sierra, aunque a partir  de 2003 sí se hacían estos documentos.

Asimismo, ha asegurado que cuando le daban instrucciones "algunas  de ellas" eran de Gil, aunque "en bastantes ocasiones" se las daba  Roca, con orden, según ha precisado, de Alcaldía. En este sentido, ha  añadido que recibía algunas de esas instrucciones de urgencia "por el  interés" para otorgar esa licencia de obra, aunque ha apuntado que no  le daban las razones.

Por otro lado, Escobar ha asegurado que la ex edil Isabel García  Marcos, expulsada del PSOE tras entrar a formar parte del gobierno  marbellí con Marisol Yagüe, también acusada, "se tomaba más interés  que la mayoría de los miembros de la junta de gobierno local en tener  conocimiento exhaustivo de los expedientes de licencias e informes  técnicos" y ha dicho que "solía querer estar bien informada".

En relación con la operación Crucero Banús ha apuntado que tenía  "desconocimiento" del convenio y de cómo se tramitó, ya que, a su  juicio, a los efectos de sus funciones "todo ese trámite era  irrelevante", por ello "ni verificaba ni corroboraba".

Según el escrito provisional de la Fiscalía Anticorrupción, Román  "se concertó" con Roca, San Agapito y Hoffman para comprar una  parcela en Marbella sobre la que se conseguiría, con un convenio, "un  aumento de edificabilidad para revenderla, garantizándose un  beneficio económico muy superior al que resultaría de la reventa en  el mercado".

Con este objeto, los aprovechamientos urbanísticos para el  Ayuntamiento con la recalificación "se reducirían deliberadamente en  perjuicio del Consistorio, aumentando aún más el beneficio a obtener  por los imputados", dice la acusación pública en su escrito inicial,  al que tuvo acceso Europa Press, que cifra estos beneficios globales  en más de seis millones de euros.