Pérdidas de 20.000 millones para ayudas regionales y agricolas
España podría perder en los próximos siete años casi 20.000 millones de euros en ayudas regionales y agrícolas de la Unión Europea respecto a lo que recibe en la actualidad, si prospera la propuesta de presupuesto para el periodo 2014-2020 presentada por el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, según informaron diversas fuentes diplomáticas.
Van Rompuy planteó un recorte de hasta 80.000 millones de euros a la propuesta original de Bruselas en un intento de contentar a los países contribuyentes netos y facilitar un acuerdo sobre el presupuesto plurianual en la cumbre que se celebrará el 22 y 23 de diciembre. El Gobierno está “descontento” con el plan de Van Rompuy y no le parece aceptable porque concentra los recortes en las dos partidas que más benefician a España: los fondos estructurales y la política agrícola común. Según las primeras proyecciones, España perdería en concreto más de un tercio de las subvenciones regionales y un 17% de las ayudas agrícolas. Además, la propuesta no tiene suficientemente en cuenta la situación de los países más afectados por la crisis, según denuncian las autoridades españolas. En particular, el reparto de fondos se calculará con los datos de renta 2007-2009, que todavía no reflejan plenamente el impacto de la doble recesión. Van Rompuy ofrece una cláusula de revisión del marco financiero pero no concreta qué cosas podrían renegociarse. A España tampoco le gusta “nada” que se reduzca del 66% que proponía Bruselas al 57% el volumen mínimo de fondos que recibirán Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha entre 2014 y 2020, en comparación con el periodo actual. También recibirán ayudas específicas aunque inferiores y todavía difíciles de calcular Murcia, Canarias y Melilla, al quedar catalogadas como “regiones en transición” —con PIB entre el 75% y el 90%—. Para todas estas comunidades, la propuesta Van Rompuy recorta de 400 a 300 euros la prima por parado prevista para las regiones cuyo nivel de desempleo supera la media, algo que el Gobierno considera también injusto. Redacción / Bruselas
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