Penas mínimas para el "macrojuicio" de los carnés

Más de ocho años después, la Justicia ha conseguido celebrar el juicio por el conocido como caso “Shin Chan” —llamado así por el apodo de uno de los implicados— y lo ha hecho con un acuerdo de conformidad que afecta a 67 de los 107 acusados. Fueron los que reconocieron ante el tribunal su culpabilidad y aceptaron una condena mínima de un año de cárcel por los delitos de cohecho y falsedad documental. En principio, la Fiscalía reclamaba para cada uno de ellos dos años. A falta de que la sala analice caso por caso, ninguno pisará una celda. Eso sí, el funcionario de Tráfico sigue en paradero desconocido. Nadie sabía donde está Carlos R. C. y si está vivo o muerto. Para la Justicia es un fugitivo, un rebelde al que se busca sin éxito desde hace años.

Todo comenzó a principios del año 2008 en Guadix. Un vecino de este municipio, al que todos llamaba “Shin Chan”, fue visto a los mandos de un coche. Un detalle aparentemente trivial, pero que a la Guardia Civil le llamó la atención, ya que este hombre no tenía carné y siempre viajaba en taxi o “de paquete”. Así que le pidieron la documentación. La sorpresa es que el conductor les entregó un flamante permiso de conducir de curso legal. Solo tenía una particularidad: en el papel decía que su dueño se había examinado en Eslovenia, “Shin Chan” nunca había salido de Guadix. El Instituto Armado abrió una investigación y se descubrió que había más casos similares. Al tirar del hilo, los agentes llegaron hasta Jaén. Descubrieron que un funcionario de Tráfico, Carlos R. C., era el que, presuntamente proporcionaba los carnés a cambio de dinero.

¿Cómo lo hacía? Presuntamente, utilizaba las claves de otros compañeros de la Jefatura Provincial para certificar que los compradores tenían un carné de conducir expedido en el extranjero, normalmente Francia o Eslovenia. Después, los conductores acudían a Tráfico argumentando que habían perdido su carné, lo que daba lugar a la emisión de un nuevo permiso totalmente legal. Con este “modus operandi”, la Fiscalía entiende que vendió 103 permisos, por los que cobró más de 116.000 euros. Se le piden 14 años de cárcel, una solicitud de condena que estará vigente hasta que prescriban los delitos. Mientras tanto, sigue en busca y captura.
La de ayer fue una mañana más que compleja en la Audiencia Provincial. Y es que no se recuerda un “macrojuicio” de esta magnitud en la provincia. Los números asustan: en principio, había 104 acusados, representados por 36 letrados. La presidenta de la Sala, Esperanza Pérez Espino, les pidió disculpas “por las incomodidades” que tuvieron que soportar tanto los procesados como los profesionales de la toga. Durante más de dos horas, la fiscal Manuela Gassó, los letrados abogados defensores y los funcionarios de la Sección Tercera trabajaron a destajo para organizar la vista oral. Los procesados aguardaban en el pasillo del Palacio de Justicia, contemplando el continuo ir y venir de letrados entrando y saliendo en la sala de vistas para perfilar los detalles del acuerdo de conformidad. Finalmente, a las doce comenzó el juicio.

De los 104 acusados, dos han fallecido a lo largo de los últimos años y otros 32 no se presentaron a la vista oral por enfermedad o por no tener medios económicos para desplazarse. Fueron juzgados en ausencia —la ley lo permite al no sobrepasar la petición de condena los dos años de cárcel—. En principio, se prevé que sus abogados se adhieran a la petición de la Fiscalía de un año de cárcel. Lógicamente, tampoco se personó el funcionario de Tráfico, que sigue declarado en rebeldía y que está en busca y captura. Así que las cuentas están claras. Realmente, acudieron a la sala de vistas 69 personas. De ellas, 67 reconocieron su culpa y aceptaron una condena de un año de cárcel por delitos de cohecho y falsedad documental. Uno de los acusados consiguió demostrar que tenía carné de conducir “verdadero”, por lo que la Fiscalía retiró los cargos contra él. Y el último de los procesados, Jesús C. P., que tiene numerosos antecedentes penales, no quiso aceptar el trato del Ministerio Público. Fue el único que no se conformó y que, por lo tanto, declaró ayer en la sala de vistas y negó haber pagado cantidad alguna por la documentación que lo habilitaba para ponerse a los mandos de un coche. La fiscal mantiene para él la petición de dos años de cárcel. El juicio, finalmente, quedó visto para sentencia.